Ya hay fecha y pregunta para el referéndum de Cataluña ¿Y ahora qué?

Hasta que no se aprueben en el Parlament la Ley del Referéndum, que convoque oficialmente la consulta, o la Ley de Transitoriedad Jurídica, el Gobierno no actuará y esto probablemente no se producirá antes de mediados de agosto.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, anunciaba esta mañana que piensa convocar para el próximo 1 de octubre, sin el aval del Gobierno del Estado, un referéndum sobre la independencia de Cataluña, con la pregunta: “¿Quiere que Cataluña sea un Estado independiente en forma de república?”.

Así lo ha comunicado en una declaración institucional solemne en el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, arropado por el resto de miembros del ejecutivo catalán y los diputados de Junts pel Sí y la CUP.

Sin embargo, este anuncio institucional no tiene, de momento, ningún valor jurídico, pues no deja de ser eso, una declaración de intenciones. ¿Cuáles son los siguientes pasos entonces?

Lo siguiente que debería hacer el Gobierno de la Generalitat de Cataluña es convocar oficialmente el referéndum y dar a conocer el censo de votantes y el resto de los detalles que regirán dicha consulta, independientemente de que finalmente se celebre o no. Así, habría que aprobar medidas de carácter legislativo para regular todo lo relacionado con la ley catalana de transitoriedad jurídica, hay que comprar las urnas y las papeletas, legislar las condiciones de la campaña electoral...

Sobre la Ley de Desconexión, lo más probable es que se apruebe después del verano, aunque se debería dar a conocer antes. En cuanto a su aprobación, seguramente se hará por lectura única, después de que el Paralement de Catalua diera luz verde el pasado mes de abril a la tramitación exprés de las leyes. De este modo, las leyes de desconexión de Cataluña con España se puedan debatir y votar de forma exprés, en una única jornada. Con la lectura única, la ley de transitoriedad jurídica y la del referéndum, siempre que se presenten en forma de proposición de ley se debatirán y votarán el mismo día, sin que sea necesario hacer antes el debate de totalidad ni el trámite parlamentario convencional.

Otra de las opciones que baraja la Generalitat es separar de la Ley de Transitoriedad una ley de referéndum que permitiría acortar los plazos actuales que recoge la ley de régimen electoral (54 días) a 30 días.

Además, de cara a una futura independencia se tendrían que aprobar leyes de Hacienda o de la Seguridad Social catalana.

En el momento que cualquiera de estas leyes sea aprobada en el Parlament de Cataluña será cuando el Gobierno actúe: se recurrirá cualquier actuación que “pase del anuncio a los hechos”, ta y como ha destacado hoy el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.

El compromiso del Gobierno consiste, por tanto, en recurrir “todos y cada uno de los intentos” que supongan un “desafío” al Estado de derecho, ha añadido el ministro en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

También se ha referido a este tema el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que ha asegurado hoy que la Fiscalía actuará con “toda energía” en el referéndum anunciado por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, si llega el momento y los acontecimientos “lo aconsejan”, porque con meras “opiniones o deseos” no es suficiente.

Ha recordado que la Fiscalía es una institución “clave” en la defensa del Estado de Derecho, pero ha insistido en que no puede pronunciarse sobre “propósitos, declaraciones o manifestaciones”.

“Si llegado el caso los hechos aconsejan que la Fiscalía actúe con toda energía y en defensa de la legalidad, en ese momento nos pronunciaremos”, ha añadido.

Porque “con meras opiniones que se viertan por ahí o deseos, no es suficiente. Tiene que haber algo que se pueda valorar si es que se produce, que ojalá no. Como esto ha sido un anuncio, no vamos a entrar en ninguna valoración”, ha concluido Maza.

En cualquier caso, el borrador de la ley de transitoriedad jurídica elaborada por JxSí y la CUP, la llamada ley de desconexión de Cataluña, prevé una declaración unilateral de independencia si el Gobierno de España impide un referéndum.

Junts pel Sí y la CUP pactaron a finales del año pasado el contenido de la ley de transitoriedad jurídica, pero han mantenido el texto en secreto, guardado bajo llave hasta que crean que ha llegado el momento de llevarlo al Parlament para su aprobación, algo que no tienen previsto hacer antes de que se celebre el referéndum que quiere convocar el Govern el 1 de octubre

El borrador, avanzado por el diario El País, establece una declaración unilateral de independencia si el Gobierno central veta la celebración de un referéndum, lo que se llevaría a cabo justo después de que el Parlament “constatase este impedimento”.

Según dicho borrador, en caso de independencia, la Generalitat asumiría a los 29.000 trabajadores públicos del Estado en Cataluña y se establecería la obligación para policías y jueces de solicitar la nacionalidad catalana para seguir ejerciendo.