Abogados de ediles del PP sondean un pacto con la Fiscalía por arrepentimiento

Una de las personas investigadas, además de Alcón, ha reconocido que le devolvieron los mil euros. El resto lo ha negado a rajatabla

La ex concejala Albert pidió a ancianos, discapacitados y demás colectivos con los que trabajó que no la prejuzguen
La ex concejala Albert pidió a ancianos, discapacitados y demás colectivos con los que trabajó que no la prejuzguen

Una de las personas investigadas, además de María José Alcón, ha reconocido que le devolvieron los mil euros. El resto lo ha negado a rajatabla

Algunos abogados defensores de los concejales, exconcejales, asesores y exasesores investigados en la presunta trama de blanqueo de dinero negro habrían sondeado la posibilidad de un pacto que reportara beneficios para sus clientes en caso de que finalmente se declare auto de procesamiento y se llegue a juicio oral con esta causa.

Este pacto, que habría que conformarlo con el Ministerio Fiscal supondría una confesión con el consiguiente arrepentimiento y llevaría aparejado una rebaja en la petición de pena por parte de la acusación. Esto ha ocurrido en la causa Nóos, y sin necesidad de cambiar de caso, el propio delator Marcos Benavent ha buscado con su confesión todos los beneficios posibles para rebajar los años que, sin duda, pasará en prisión.

De momento, ha habido otra persona, además de la María José Alcón y de los testigos, que habría admitido que le devolvieron los mil euros. En cualquier caso, conviene señalar que el resto ha negado este retorno a rajatabla y no se puede descartar que algunos lo recuperaran y otros no. Pero fuentes de la investigación han confirmado que las pruebas son muy concluyentes.

En el día de ayer prestaron declaración en la Ciudad de la Justicia la concejala Ángeles Ramón Llin y los exconcejales Silvestre Senent y Ana Albert además de varios asesores.

El primero de ellos señaló que «me consta que no hubo blanqueo» y dijo que él había hecho varias donaciones pero que nunca le habían devuelto nada. Lejos de las líneas rojas tan de moda, Senent dijo que «primero ha de haber una sentencia para que haya dimisiones». Por su parte la ex concejal, María Ángeles Ramón Llin, se negó a hacer declaraciones

Ana Albert, exconcejala, señaló que «entiendo que se prejuzgue a las personas. Quiero decir a los colectivos con los que he trabajado que entiendo que sólo por acudir aquí puedan verme de otra forma, pero tengo la conciencia muy tranquila».

Por otra parte, el juez ha ampliado las citaciones a declarar en los próximos días hasta llegar a casi la cincuentena de personas investigadas, entre ellos los ex concejales Jurado, Isidro y Del Toro.

Hasta que no concluyan todas las declaraciones no se sopesará pedir las de los aforados Barberá y Domínguez mediante suplicatorio. Además, en los días 23 y 24 se tomará declaración a doce personas más investigadas por Imelsa, Ciegsa, concejalía de Cultura de Valencia y Fundación Jaume II el Just.

El abogado José Corbín, marido de Amparo Barberá, cuñado de la exalcaldesa y letrado de Carmen García Fuster, dijo que «si me entero que mi mujer paga los mil euros, la corro a bofetadas», eso sí, antepuso un «permítanme la licencia» antes de soltar tamaño despropósito. Corbín advirtió a Alcón que podemos «vernos en los tribunales».