Barberá niega que vaya a pagar tres veces más por expropiaciones en el Cabanyal

Las arcas públicas del Ayuntamiento de Valencia podrían sufrir un varapalo si se cumplen las peores previsiones del grupo municipal de EU. Según denunció ayer esta agrupación, el Consistorio que dirige Rita Barberá deberá aplicar una edificabilidad tres veces mayor en el pago de las expropiaciones pendientes del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del barrio del Cabanyal de lo que estaba pagando. Así, el presupuesto pendiente para esas expropiaciones, que asciende a más de 53 millones de euros, superaría los 804 millones, según interpretó el portavoz de EU en el Ayuntamiento, Amadeo Sanchis, de una sentencia del Tribunal Supremo que considera erróneos los cálculos del Gobierno local.

Sin embargo, a juicio del vicealcalde Alfonso Grau, la sentencia del Supremo no afecta «en absoluto» al Pepri del Cabanyal ni a los planes urbanísticos aprobados por el Ayuntamiento, «sino que afectará a los planes urbanísticos en el futuro». Por tanto, «lo que afirma EU no es más que una interpretación interesada y sesgada, porque sabe perfectamente que no es de aplicación en este barrio».

Explicó que la regla para el cálculo de la edificabilidad media de las Áreas Urbanísticamente Homogéneas, establecida en 2008 y en el reglamento estatal de Valoraciones, es aplicable sólo a los terrenos dotacionales que no tienen asignada edificabilidad, es decir, a terrenos dotacionales en suelo urbano no incluidos en ninguna unidad de ejecución y que no forman parte de ningún ámbito de gestión. «Este no es el caso del Pepri del Cabanyal, donde todo el suelo a expropiar está incluido en diversas unidades de ejecución que tienen calculado su propio aprovechamiento. Del mismo modo ocurre con todos los planes urbanísticos aprobados».

No obstante, para el grupo de EU esta sentencia supone un «revés» para el Consistorio, que «hizo trampa en sus cálculos para ahorrarse» dinero en el pago de las expropiaciones, lo que llevó al Tribunal a imponerle las costas por un importe de 10.000 euros.

Advirtieron de que la sentencia es global, por lo que afecta todas las expropiaciones para equipamiento dotacional y zonas verdes que quedan por realizar en la ciudad, unos 430 solares de 1,7 millones de metros cuadrados. «Las expropiaciones serían desorbitadas». Por ello, estudian iniciativas políticas para que se modifique el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1989 y se debata sobre fórmulas para compensar a los propietarios de terrenos a expropiar con permutas, convenios o acuerdos, de forma que las arcas municipales no se vean tan afectadas.