Infraestructuras
Bonig afirma que su prioridad es pagar las deudas y las obras en marcha
Las pymes alicantinas apuestan por rehabilitar viviendas para recuperar el sector de la construcción y crear empleo «sin especulación»
Después del esfuerzo «espectacular» que ha realizado el Consell durante los últimos dos años en infraestructuras, la prioridad del Gobierno valenciano es ahora pagar «lo que se debe» y las obras que ya están en marcha.
Después del esfuerzo «espectacular» que ha realizado el Consell durante los últimos dos años en infraestructuras, la prioridad del Gobierno valenciano es ahora pagar «lo que se debe» y las obras que ya están en marcha. Así lo explicó ayer la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, tras entrevistarse con la cúpula de la patronal de las pequeñas y medianas empresas de la provincia de Alicante (Cepyme).
En esta línea, recordó que el 88 por ciento del presupuesto de su Departamento está comprometido a pagar la obra realizada, puesto que en los pasados ejercicios se acometieron grandes proyectos, por un valor total de 4.000 millones de euros. Este ejercicio tiene que hacer frente, según indicó, al gasto de conservación y mantenimiento, que es en el caso de las carreteras, por ejemplo, de 165 millones de euros para los próximos cuatro años.
«La situación ahora no permite tantas inversiones como antes». Así, los únicos proyectos previstos son abrir la línea 2 del tranvía de Alicante, la línea de metro a Ribarroja y el Tram de Castellón. También se mejorará el trayecto entre Benidorm y Dénia.
Respecto al complejo industrial audiovisual, la Ciudad de la Luz, la consellera admitió que en el actual contexto, no se construiría. Reconoció que es una inversión que puede parecer excesiva, pero animó a que todos aquellos que sospechen de alguna irregularidad que la denuncien.
La titular de Infraestructuras además pidió responsabilidad a los partidos políticos y recordó que el plan de plantas desalinizadoras impulsado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero costó 492 millones de euros y las instalaciones «están absolutamente paralizadas».
Por su parte, el presidente de la patronal, Cristóbal Navarro, instó a la Comunitat a seguir el ejemplo europeo de rehabilitar viviendas para reactivar el sector de la construcción y crear empleo «sin especulación y sin financiación de bancos».
Tal y como manifestó después de su reunión con Bonig, se estima que en el año 2020 más de la mitad de las viviendas tengan una antigüedad superior a los cuarenta años, lo que obligará a hacer un esfuerzo en conservación y mantenimiento.
En este sentido, solicitó la conveniencia de que cada municipio elabore su propio plan de rehabilitación. Para Navarro, este debería ser uno de los motores de reactivación económica.
Bonig abogó por incentivar la rehabilitación mediante incentivos fiscales y no con subvenciones. Según ella, se creará «un empleo importante».
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