Bravo reconoce irregularidades en el concurso de la uniformidad de Torrent

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, no pudo ayer negar la evidencia y confirmó que el Ayuntamiento de Torrent, gobernado por el PSPV, incumplió el Decreto 114/2005 de uniformidad de las policías locales, en la adjudicación que recientemente realizó para renovar la indumentaria de sus agentes.

La consellera trató de zafarse de la contundencia con que la diputada del PP, Verónica Marcos, le pedía explicaciones al respecto, mirando al pasado, pero finalmente admitió que el incumplimiento fue clamoroso y que por ese motivo, el asunto estaba en los tribunales.

Como explicó la diputada Marcos, el Ayuntamiento de Torrent, presidido por el PSPV, sacó a licitación la renovación de los uniformes de los agentes locales, por un importe superior a los 200.000 euros. Pese a que el mencionado decreto fija que el color de los mismos será el azul noche con franjas en amarillo, el Ayuntamiento incluyó unas bandas azul celeste que hizo que dos de las empresas que pretendían concursar se dirigieran tanto al Consistorio como a la Generalitat para advertir del error.

El Ayuntamiento hizo caso omiso de la advertencia, y también del informe en contra tanto de la Dirección General de la Agencia de Seguridad, como del secretario del Ayuntamiento e incluso de CCOO que denunció que la licitación era, «nunca mejor dicho, un traje a medida».

Además, en el concurso, los criterios subjetivos pesaban más de un setenta por ciento sobre los objetivos. Así las cosas, en criterios objetivos ganó una de las empresas que había denunciado el error, mientras que por los subjetivos, el concurso fue adjudicado a otra , que sí que tenía uniformidad azul celeste.

Marcos denunció que dicha firma trabaja habitualmente para ayuntamientos gobernados por el PSOE, no solo en la Comunitat, sino en otras regiones como Andalucía o Castilla-La Mancha.

Otros ayuntamientos del mismo color político como Requena o Paterna pretendieron sacar idéntica licitación pero la paralizaron cuando el PP llevó el asunto a la Fiscalía y ésta recomendó la apertura de una investigación.

Marcos reprochó a la consellera que «si hubiera sido un ayuntamiento del PP, usted misma hubiera ido a la Fiscalía».