Crespo Gomar logró un contrato público de 126.000 euros en poco más de 24 horas

La Fiscalía apunta a que se pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental

ARCHIVO. Crespo Gomar logró la campaña de publicidad del Plan de Vivienda después de un procedimiento exprés que la Intervención General ve injustificado. La ministra era Beatriz Corredor

La Fiscalía apunta a que se pudieron cometer delitos de malversación de caudales públicos y falsedad documental

El informe del perito de la Intervención General sobre los contratos adjudicados a Crespo Gomar para la campaña de publicidad del Plan de Vivienda 2009- 2012, incluido en la causa que investiga la financiación ilegal del PSPV y el Bloc, concluye que el procedimiento para que la empresa de Gandía lograse dicho contrato tiene «numerosas irregularidades» y una cronología «incoherente e imposible». El importe de dicho contrato asciende a 126.208 euros.

Tanto es así que, según la documentación analizada y a la que ha tenido acceso LA RAZÓN, se tardó poco más de 24 horas en cerrar la adjudicación. La Intervención General incide en que el expediente analizado se licitó bajo la forma de «urgencia» y sin que existiese motivación. El responsable de declarar esta premura injustificada fue el director de gabinete de la entonces ministra del Gobierno de Rodríguez Zapatero, Beatriz Corredor.

Tras analizar dicho informe, la Fiscalía Provincial de Madrid estimó en un escrito que la causa debía quedarse en Madrid y afirma que «en el hecho y el estado inicial en que se encuentra el procedimiento, presenta los caracteres de un delito de malversación de caudales públicos y falsedad documental, sin perjuicio que a medida que avance la instrucción se pueda hacer una mejor calificación».

En el escrito, la Fiscalía resalta que el presidente de Crespo Gomar era Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde del socialista José Manuel Orengo y que hoy es asesor del presidente de la Generalitat, Ximo Puig.

El informe realizado por la Inspección a petición del Juzgado número 21 de Valencia se remitió posteriormente al 24 de Madrid, que ha asumido la investigación y que ya ha citado a declarar este mismo viernes a tres imputados.

Se trata de dos personas que formaron parte de la Mesa de Contratación, cuestionada también por el informe pericial, y al interventor que habría autorizado el pago y que formaba parte como vocal de la mesa.

Además de la composición de la Mesa de Contratación, la Intervención advierte de que no se esperó a que las empresas subsanaran la información incorrecta para abrir la documentación técnica y se abrió la oferta económica sin disponer d e los informes técnicos. También se tuvieron en cuenta los criterios de valoración subjetivos antes de aplicar los matemáticos.

Navarro se aferra al acta

El exalcalde de Benidorm y actual concejal del PSOE, Agustín Navarro, afirmó ayer sentirse muy tranquilo ante la investigación que se sigue en un Juzgado de esta ciudad por la comisión de un presunto delito de prevaricación administrativa en la adjudicación de los opinómetros en 2010. Es más, aseguró que no tiene ninguna intención de dejar su acta de concejal.

En esta causa están siendo investigados, la que fuera edil de Contratación, Mariola Fluviá, dos socios de la empresa adjudicataria, Opino Media S.L, y el jefe de Contratación del Ayuntamiento de Benidorm.

La causa de Benidorm es una de la piezas de la investigación de la financiación ilegal del PSPV.