Denuncian que la lista de espera en La Ribera crece por el bloqueo de Sanidad

«Sanitat sols una» lamenta el freno de la Conselleria a los contratos indefinidos. La asociación critica que «el despropósito del proceso de reversión ya está causando estragos y afectando a los pacientes»

«Sanitat sols una», la asociación de profesionales y ciudadanos que defiende el modelo Alzira de privatización de la gestión sanitaria, asegura que el bloqueo a nuevos contratos indefinidos está provocando un aumento de las listas de espera de algunas especialidades médicas.

Fuentes de la entidad cívica, aseguraron ayer que la Conselleria de Sanidad «no permite contratar a nadie de forma indefinida desde el 1 de abril de este año y eso está provocando que en algunas especialidades, cuando es necesario cubrir una plaza o reforzar la plantilla, no se encuentren profesionales porque Sanidad no da garantías para su continuidad, más allá del 30 de marzo del año que viene».

La asociación afirma que «la reversión iniciada por la Conselleria de Sanidad está provocando demoras» que antes no existían.

Al respecto, los profesionales de la asociación vaticinan que el centro va a pasar de ser un referente en multitud de especialidades y liderar las esperas más bajas de toda la Comunitat Valenciana a situarse «en el furgón de cola de una sanidad que la consellera (Carmen) Montón y su equipo están destruyendo con su mala gestión».

El pasado mes de abril, Montón anunció que los trabajadores no estatutarios del departamento de La Ribera, en Alzira, serán convertidos en personal laboral indefinido no fijo cuando la Generalitat asuma la gestión de ese área el próximo año. Pero esta idea choca con algunas leyes vigentes en tres puntos fundamentales.

El principal escollo del plan de Sanidad, según cuenta Manuel Alegre, profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universitat de València, es la vigente Ley de Presupuestos que pone freno a la contratación de nuevos empleados por parte de la Administración pública excepto cuando se trate de cubrir plazas que han quedado vacantes por defunción o jubilación. El segundo contratiempo se da a la hora de renegociar las condiciones del personal que se incorpora a la sanidad pública (los 352 funcionarios no son problema pues recuperarían su categoría) y el tercer gran obstáculo que deberá sortear Montón tiene que ver con las futuras indemnización de los empleados que puedan perder sus plazas en los concursos previstos.