Divalterra ha de publicar el informe que aconseja separar a Pérez Garijo de Imelsa

El Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana ha instado a la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia, a hacer público el informe elaborado a instancia de ésta por el despacho jurídico Tomarial en el que se ponía de manifiesto «un eventual conflicto de intereses» entre la empresa pública, acusación particular en la causa abierta en los tribunales de Justicia por presuntos delitos de malversación, prevaricación y blanqueo, entre otros; y la situación de la diputada, portavoz de Esquerra Unida en la institución provincial, y que se encuentra investigada en la pieza de las contrataciones irregulares en esta firma.

Así consta en la resolución emitida por el Consell de Transparència a petición de un particular que solicitó a la Diputación el citado informe y que le fue negado por la directora gerente de Divalterra, Brines Sirerol por entender que el documento solicitado entraba en la categoría de «información que tenga carácter auxiliar o de apoyo como la contenida en notas, borradores, opiniones, resúmenes, comunicaciones e informe internos o entre órganos o entidades administrativas».

Consideró en ese punto el reclamante que la gerente de Divalterra «mentía descaradamente» e «incurría en prevaricación», por lo que recurrió al Consell de Transparència que le dio la razón al argumentar que «resulta difícil compartir la, por otra parte, minuciosa argumentación de la parte requerida en su escrito de respuesta al reclamante».

Como ya publicó LA RAZÓN, la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia expulsó a la diputada de Esquerra Unida, Rosa Pérez Garijo, como acusación popular de la causa Taula al aparecer como investigada (antes imputada) en la causa.

De esta forma, se rechaza el recurso de apelación presentado por ella y se cierra su participación como acusadora quedando únicamente en condición de imputada.

Además, señalaba el auto de enero de 2017 que «la cuestión suscitada de nuevo ante este tribunal ya ha sido resuelta en distintas ocasiones» y recuerda que en los autos de 28 de septiembre y 16 de diciembre la Audiencia ya se manifestó en este sentido.

Rosa Pérez fue una de las principales denunciantes de la causa en los extremos que afectan a la Diputación de Valencia y especialmente a la empresa pública Imelsa, y fue también la persona que entregó en Fiscalía las grabaciones realizadas por Marcos Benavent.