El Consell salda su deuda con la visita del Papa y pide extinguir la fundación

El secretario autonómico del sector público empresarial, Bruno Broseta, señaló ayer que la Generalitat valenciana saldó en 2010 su deuda con la Fundación del V Encuentro Mundial de las Familias, encargada de organizar la visita del Papa Benedicto XVI.

El Gobierno valenciano pagó dos millones de euros, de los ocho que se adeudan, y señaló que «casualmente» esta cantidad supone una cuarta parte de la deuda total, y habida cuenta de que la Generalitat ostenta una cuarta parte de la Fundación, constituida también por el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado, considera saldado la parte del pago que debía realizar.

Por ello, Broseta, que hizo hincapié especial en que la Fundación era una entidad privada, dijo desconocer el estado de las cuentas y pidió a quien ostenta la presidencia de la Fundación, es decir, el Arzobispado, que convoque a la entidad, para extinguirla.

Broseta puso así punto y final al eterno debate sustanciado por la oposición sobre el coste de la visita del Papa, cuestiones que ahora se deberán dirigir a otras administraciones. El coste total de la visita del Papa se estima en más de doce millones de euros.

Bruno Broseta compareció ayer en la Comisión de Hacienda de Les Corts y contestó también a preguntas sobre la reestructuración de la Administración pública valenciana tanto en los sectores de las empresas públicas como de las fundaciones.

A este respecto, señaló Broseta que de los 1.483 millones de euros de ahorro que supuso esta reestructuración, solo 72,3 se ahorraron del capítulo I por lo que consideró que la afección de la medida sobre el capítulo de personal fue poco importante aunque reconoció que era la parte más dolorosa.

Antes que lo hiciera Broseta, compareció en la misma comisión Pedro García, secretario de Administración Pública, quien reconoció que el Consell había tenido trece sentencias en contra en las que se reconocía que trabajadores de asistencias técnicas externas habían consolidado derechos por haber ocupado un puesto en la administración autonómica que hubiera correspondido a un funcionario.

García explicó las recomendaciones «de obligado cumplimiento» que había enviado a todas las Conselleries para que no volviera a ocurrir y que EU consideró como un manual para blanquear casos similares.