El desafío de saldar la deuda

La Conselleria de Bienestar Social es una de las más afectadas por los problemas de liquidez del Ejecutivo autonómico. A lo largo de 2012, numerosas entidades y colectivos sociales han protagonizado actos de protesta para exigir el pago de la deuda con el Consell. Estas organizaciones, que sobreviven la mayoría gracias a las subvenciones públicas dependientes de dicho Departamento, se han visto casi al límite de sus posibilidades. Algunas, incluso, amenazaron con el cierre. Sin embargo, esto no fue necesario, ya que a finales del ejercicio, Bienestar Social inyectó en ellas una cantidad importante de dinero gracias sobre todo a la llegada del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA).

Concretamente, se destinaron 64 millones de euros para residencias y programas de atención a personas mayores, 17,2 millones para centros de personas con algún tipo de discapacidad y 8,6 millones para centros de menores. Aún así, la deuda total asciende a 140 millones de euros.

Durante las mismas fechas se pagaron también casi 19 millones, de recursos propios, en concepto de las prestaciones de la Ley de Dependencia. Éste fue uno de los mayores éxitos de la entonces recién nombrada consellera, Asunción Sánchez.

El pasado 16 de diciembre se reunió durante más de dos horas, junto a la secretaria autonómica de Autonomía Personal y Dependencia, Nela García, y la directora general de Personas con Discapacidad, Pilar Collado, con la dependiente que se encadenó durante 55 horas a la verja de la Generalitat para exigir el pago de las ayudas, Elvira Murcia. Gracias al compromiso de la titular de Bienestar Social de celebrar un nuevo encuentro junto al conseller de Hacienda, Murcia abandonó su protesta.

Después de este encuentro entre ambos consellers y la Plataforma de Afectados por la Ley de la Dependencia, se abonaron las prestaciones correspondientes a los meses de septiembre y octubre. Además, según fuentes de la Conselleria, se está trabajando con Hacienda para regular el pago mensual de estas ayudas, otra de las peticiones del colectivo.

Hasta el día de hoy, el número de reuniones entre la consellera y diversas entidades y colectivos sociales asciende a 20, la gran mayoría de ellas, con el sector de la discapacidad y la dependencia, con los que manifestó su voluntad de establecer un cauce «estable y duradero» de diálogo para llevar a cabo las reformas necesarias que hagan sostenible el sistema.

Otra de las negociaciones importantes fue la que llevó a cabo la pasada semana con los centros ocupacionales, que desconvocaron sus protestas a la espera de cobrar antes de que acabe enero los cerca de seis millones que se les adeuda, el 40 por ciento de las subvenciones.

Tampoco se ha saldado aún la deuda con algunas residencias de mayores, las del sector privado, aunque se «trabaja» en este sentido. Desde la Conselleria apuntaron que se está colaborando intensamente con el área de Hacienda para regularizar de manera progresiva los pagos a entidades y organizaciones.