El empresario Vilar, condenado a un año y medio y su exesposa, a uno

El Juzgado de lo Penal número 2 de Castellón ha condenado al empresario Vicente Vilar a un año y cinco meses de prisión y a su exesposa Monserrat Vives a un año de prisión por la falsificación de sellos oficiales para autorizar los productos fitosanitarios de sus empresas.

El ex presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, y su exesposa, Desamparados Fernández, fueron inicialmente imputados en esta causa, pero en 2010 la Audiencia consideró que no había soporte para mantener la imputación y se archivó la misma en cuanto a su participación.

Las diligencias fueron abiertas por el Juzgado de Instrucción número 2 de Nules y el Ministerio Fiscal calificó los hechos constitutivos de un delito continuado de falsedad en documento oficial.

Tras el juicio celebrado en el juzgado de lo Penal número 2 de Castellón y en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia, se considera probado que Vilar y su entonces esposa acordaron a finales del 2000 o inicios de 2001 presentar documentación manipulada para que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación concediera autorizaciones que les permitieran comercializar productos fitosanitarios.

La manipulación se hacía en el laboratorio de una empresa -Monserrat Vives era la administradora- si bien estaba dirigida por ella junto a su marido. Se simulaban informes técnicos, analíticas y cromatogramas y se imitaban documentos supuestamente emitidos por laboratorios.

Banco de Valencia

Por otra parte, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz imputó ayer diversos delitos de apropiación indebida y administración desleal a la antigua cúpula del Banco de Valencia y a varios empresarios. Los imputados son el ex consejero delegado Domingo Parra; el director de participaciones inmobiliarias del banco, Alfonso Monferrer; y los empresarios Salvador Vila, Juan Bautista Soler Luján, Fernando Polanco, Carlos Pascual y Teresa Villalba.

Por último, en el tercero de los autos, el magistrado requiere al Juzgado número 17 de Madrid lo investigado sobre un préstamo de 312 millones a Construcciones Valencia Constituciones S.L, destinado a la compra de acciones de Metrovacesa, ya que es la misma operación que denunció el FROB en una de sus acciones penales, la tercera que admite a trámite.

Así, Pedraz rechaza la petición del empresario Rafael Ruiz-Jarabo para que fuera el Juzgado madrileño el que lo instruyera.