El Gobierno inicia la ampliación de la V-21 sin informar al Consell

Cuatro personas fueron detenidas al intentar detener el derribo del Forn de La Barraca, paso previo al arranque de las obras

La ampliación de la V-21, la carretera de acceso al norte de la ciudad de Valencia, arrancó ayer por la mañana sin que el Gobierno central hubiera avisado previamente a la Generalitat. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, lamentó ayer esta falta de comunicación aunque instó a no «dramatizar» con el asunto y recordó que «no siempre se cumplen los protocolos».

La vicepresidenta se manifestó en estos términos al ser preguntada durante la rueda de prensa posterior al pleno del Consell por los altercados ocurrido a primera hora de la mañana cuando cuatro personas fueron detenidas por intentar evitar el derribo del Forn de La Barraca, una alquería situada en medio de la huerta del término de Alboraya, cuya demolición está contemplada en la ampliación de la autovía.

Frente a su pasado muy combativa -Oltra acudió al Cabanyal para impedir los derribos de unas viviendas- algunos la criticaron ayer por no estar presente en Alboraya. «Si fuera vicepresidenta les aseguro que estaría allí físicamente, pero ahora tengo que trabajar en los despachos», explicó la vicepresidenta.

Además, aseguró que nada más conocer los hechos, se puso en contacto con el conseller de Política Territorial y Obras Públicas, Arcadi España, para intentar minimizar las consecuencias de los hechos. España, por su parte, mantuvo comunicación con el Ministerio de Fomento para informar de las circunstancias que se estaban dando en el derribo de la alquería.

La vicepresidenta recordó que la ampliación de esta vía de acceso a la ciudad es competencia del Estado, no de la Generalitat, y que desde el Botànic se consiguió, «trabajando desde los despachos», reducir la afección a 64.000 metros cuadrados y un tercer carril para transporte público y vehículos de alta ocupación, algo que fue propuesto por la anterior consellera de Territorio, María José Salvador, tal y como recordaban ayer desde la Conselleria de Obras Públicas.

Desde la Delegación del Gobierno, por su parte, respondieron a Oltra que el Forn de La Barraca es propiedad del Gobierno desde el 16 de julio, y lamentó que el derribo se utilizara con «dialéctica preelectoral».

Por su parte, el alcalde de Valencia, Joan Ribó, expresó su malestar por cómo se había llevado a cabo la demolición: «No era necesario» y reiteró su postura en favor de «ampliar la entrada y no la salida» de la V-21: «Con esto era suficiente», defendió. El primer edil recordó que desde un inicio se han opuesto a esta ampliación de la V-21 en la salida de Valencia, «porque si bien es cierto que en la entrada a la ciudad se forman atascos, en la salida no los hay», indicó.

Explicó que el equipo de gobierno municipal ya planteó esta cuestión en su momento ante el Ministerio de Fomento, que es el promotor de este proyecto: «Propusimos una alternativa que conseguía salvar hasta el 60 por ciento del ámbito de huerta que quedará arrasada con el proyecto del Ministerio para ampliar la autovía».

La actuación de la Guardia Civil, en cuestión

La plataforma Per l’Horta denunció en redes sociales una «actuación desproporcionada» de la Guardia Civil en el desalojo del Forn de la Barraca. «Ha habido seis personas contusionadas» indicaron, para añadir que «se han llevado porrazos sin necesidad». Consideraron que el despliegue policial fue «desmesurado».