El juez ve indicios criminales en Fuset por imponer la construcción de gradas

El concejal alega que no efectuó la contratación o la adjudicación del montaje y que actuó siguiendo los criterios que le proporcionaban los técnicos

El juez ve indicios “racionales de participación criminal” del concejal de Cultura Festiva de València, Pere Fuset, en la muerte de un operario mientras montaba en Viveros las gradas para los conciertos de la Feria de Julio de 2017, por exigir “con una mínima antelación” la construcción de esas gradas.

Según el auto del Juzgado de Instrucción número 18 por el que se procesa a Fuset y a otras seis personas por los delitos de homicidio por imprudencia grave y contra la seguridad de los trabajadores, el edil de Compromís lo hizo “sin cerciorarse ni exigir” como obliga la normativa el estudio de seguridad y salud de esa obra.

En el auto se señala que si no hubiera “compelido” en una carta de su “puño y letra” a la entidad organizadora (Radio Popular) a que aceptara que otra empresa que no había sido participante de concurso hiciera la ocupación y que fue entendido como “una imposición”, o “no hubiera obrado pasivamente sin comprobar” que cumplía la ley, “las gradas no se hubieran montado, menos con la premura de tiempo que se hicieron, y el siniestro no se hubiera producido”.

La defensa de Fuset alegaba que se trataba de un contrato administrativo de servicios, que no requiere el estudio de seguridad y salud, pero el juez recuerda que la Inspección de Trabajo sancionó al Ayuntamiento con más de 40.000 euros por esa carencia, y afirma que es un contrato con contenido mixto “que exige que se cumpla la normativa laboral de prevención de riesgos”.

Si se hubiera cumplido la normativa al respecto, añade el auto, “hubiera permitido constatar que la empresa encargada de dicha construcción carecía de los estudios de seguridad y salud exigidos y por tanto, no se hubiera procedido a afrontar dicho montaje de las gradas ni se hubiera producido dicho fallecimiento”.

Fuset también alega que “no efectuó la contratación o la adjudicación del montaje” y que “actuó siguiendo los criterios que le proporcionaban los técnicos”.

El auto apunta que esas afirmaciones se deberán acreditar en el juicio pero que tiene “extraordinaria relevancia el hecho de que fuera él quien enviara una misiva personal, de su puño y letra, imponiendo al adjudicatario de la ocupación temporal de la explanada de Viveros y de la construcción del escenario” que otra empresa lo ocupara.

Según el juez, “existen en este momento indicios racionales de que Fuset, personalmente, y no a través de sus técnicos, a los cuales por ello no se les puede realizar una mínima imputación, (...) exigió con una mínima antelación a la celebración (...) la construcción de unas gradas desmontables en el recinto de conciertos de Viveros”.

Por todo ello, el instructor considera que “se debe proseguir las actuaciones” contra él “al existir indicios de su contribución causal a título de autor, tanto de un delito de homicidio causado por imprudencia como de un delito contra la seguridad de los trabajadores”.

También han sido procesados cuatro responsables de las empresas Promociones Musicales Osuna y Caledestina Lance, un responsable de T Tercio que es también vicepresidente de la Asociación de Promotores Musicales de la Comunidad Valenciana, y el presidente de la Asociación de Promotores Musicales. El auto decreta el sobreseimiento provisional sobre otras cuatros personas y Radio Popular de España.

Los hechos ocurrieron el 27 de junio de 2017 cuando un operario que trabajaba en la construcción de unas gradas con capacidad para mil personas para los conciertos de la Feria de Julio pisó una tabla que se venció y cayó desde una altura de tres metros, se golpeó la cabeza y falleció unos días después en un hospital de València.

Según el auto, las medidas de seguridad adoptadas, la colocación de arnés en el mismo piso que se estaba montando, eran “insuficientes e inútiles, puesto que el centro de gravedad del arnés y del punto de sujeción era inferior a la posición del trabajador”.

Recalca que varios informes indican que si se hubieran cumplido las medidas de seguridad, “se hubiera determinado que debería haber existido una línea de vida o instalado un punto de anclaje a nivel superior al del centro de gravedad del trabajador en cada momento y ello hubiera podido impedir el siniestro”.

EFE