El Ministerio pactará el «plurilingüismo»

La Administración Central solicitó ayer reunirse con el Consell para llegar a un consenso sobre la normativa lingüística de la enseñanza no universitaria de la Comunitat

El Ministerio de Educación perseguirá llegar a un consenso con la Generalitat para poner punto y final al decreto ley de «plurilingüismo».

Una norma con rango de ley que, desde su implantación el 1 de septiembre -desacatando las sentencias judiciales que instaban a la Conselleria a volver a la normativa lingüística de 2012- no ha cesado de suscitar polémica e intranquilidad dentro y, ahora, también fuera de los confines de la Comunitat.

«Iniciar las negociaciones y resolver las discrepancias», es el objetivo según declaró ayer el secretario de Estado de Educación, Marcial Marín, en relación a un posible encuentro con el Gobierno valenciano, a petición de la Administración General del Estado.

Una solicitud que fue trasladada, previamente, al conseller de Educación, Vicent Marzà. El artífice del decreto ley 3/2017 que regula la normativa lingüística, del curso 2017-2018, de los centros públicos y concertados de la Comunitat.

A falta todavía de confirmación, se espera que, de cara a los próximos días, se reúna la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración General del Estado y el Gobierno de Ximo Puig.

Una noticia que llega a escasos días de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) reiterara al Consell, y en particular, al Departamento de Vicent Marzà, que « la forma en la que se ha de ejecutar la suspensión cautelar del plurilingüismo es regresando al decreto de 2012».

Lo que se traduce en que la manera correcta de respetar las sentencias judiciales, es mediante la implantación del modelo lingüístico del gobierno anterior y no a través de la creación de una nueva norma con rango de ley.

Esta segunda opción es por la que optó el Consell y, al no ser la vía que el tribunal le demandaba, podría suponer presunta inconstitucionalidad.

Así lo denunció hace tan solo dos días, el presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, alegando que supone una «vulneración de la doctrina del TC». Un incumplimiento que basó en que «las normas no pueden dictarse con el propósito de eludir el cumplimiento de una resolución judicial: es lo que se conoce como Principio de Ley Singular».

Instantes previos a hacer pública denuncia de estos hechos, la institución que Sánchez preside, presentó una instancia ante el TSJCV para que plantee «cuestión de inconstitucionalidad» al TC.

«La libertad va a derrotar al decreto, a la imposición y al pensamiento único», enfatizó César Sánchez con la certeza y la determinación de que ganarán «la batalla» a un Consell que persigue «construir puentes con Cataluña y levantar muros con España».

Para que esto no suceda, tal como el presidente de la Corporación Provincial denunció, ha sido la propia Administración Central la que ha tomado la iniciativa de brindarle la mano a Ximo Puig, para evitar más quebrantamientos.

A través del diálogo, en detrimento de la vía judicial, el Ministerio de Educación perseguirá llegar a un definitivo consenso.