El síndic de Comptes no detecta facturas en el cajón durante 2012

El síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, entregó ayer el informe de fiscalización del sector público autonómico correspondiente al ejercicio de 2012.

El dato más destacable del mismo, en opinión del síndic, es que «por fin» no aparecen obligaciones de pago no reconocidas, es decir, las coloquialmente denominadas «facturas en el cajón» y que a partir de este año aparecen en los balances y se ajustan a la normativa contable.

El año fiscalizado, 2012, es el primero de gobierno íntegro de Alberto Fabra «y está caracterizado por una importante caída de ingresos» y el correspondiente aumento de la carga financiera agudizada también ésta por la adhesión de la Generalitat a diversos mecanismos extraordinarios de financiación puestos en marcha por el Gobierno central, así como por la asunción de parte de la deuda de las entidades que integran el sector público empresarial y que ascendía al cierre de 2012 a 4.552,6 millones de euros.

La caída de los ingresos se cuantifica desde el 0,8 por ciento de los tributos cedidos hasta un 10,4 por ciento de los tributos gestionados por la Generalitat con respecto a 2011. Los fondos propios de la cuenta de la Administración presentan un importe negativo de 14.145,8 millones de euros (8.561 millones de euros en 2011), mientras que el fondo de maniobra se sitúa en -14.397,6 millones de euros (15.525 millones en 2011), con el «consiguiente impacto en la situación de liquidez o solvencia a corto plazo».

El síndico destacó el impacto imprevisible de la liquidación de RTVV sobre las cuentas de la Generalitat que dependerá de muchos aspectos, como son las indemnizaciones a los trabajadores, los edificios propiedad de RTVV o la deuda que ya asumió la Generalitat.

Sobre las ayudas públicas para la adquisición, rehabilitación o alquiler de viviendas, conceptos por los que la Generalitat adeuda alrededor de 250 millones de euros, el síndic reconoció que únicamente han podido realizar una «pequeña fiscalización de una muestra de las ayudas concedidas porque la documentación aportada por los solicitantes es muy dispar». Hay 51.000 peticiones pendientes de trámite, « y para nosotros es imposible de fiscalizar hasta que no se adopten las medidas administrativas necesarias al respecto».

Por tanto, no se considera como obligación no reconocida porque no se ha tramitado adecuadamente, y explicó que «hasta que no se agrupe la disparidad de situaciones que se dan en esta materia, no se podrán contabilizar».

Sobre los afectados por estos impagos del Consell, Vicente Queralt matizó que «tienen documentos que les reconocen una expectativa de pago» peor no una obligación reconocida, y que «probablemente, si fuesen a un contencioso, ganarían el pleito».