El Supremo absuelve a López Abad de falsear cuentas de la CAM

Condena a la directora general a un año y seis meses

El Tribunal Supremo ha absuelto al ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), Roberto López Abad, de falsear las cuentas de 2010 de la entidad por entender que existe “al menos una duda razonable” sobre el efecto real que tuvo dar de baja los activos titulizados.

Sin embargo, condena a la ex directora general María Dolores Amorós por un delito societario de falsedad en las cuentas del primer trimestre y del primer semestre de 2011, aunque rebaja su pena de tres años a un año y seis meses. Por el mismo motivo condena al ex director general del Área de Planificación y Control Teófilo Sogorb, si bien rebaja su condena de cuatro a dos años de cárcel.

En octubre de 2017, la Audiencia Nacional condenó a la antigua cúpula de la caja a penas de entre dos años y nueve meses y cuatro años de prisión por considerarlos culpables de haber falseado las cuentas de la entidad entre 2010 y 2011.

Ahora, la Sala de lo Penal admite el recurso de López Abad y del ex director general de Inversiones y Riesgos Francisco José Martínez García, y les absuelve del delito societario continuado de falsedad contable del ejercicio de 2010, al considerar que no ha quedado suficientemente acreditado que la alteración de las cuentas fuera “idónea para causar un perjuicio a la sociedad, a los socios o a un tercero”. El alto tribunal entiende que el fallo de la Audiencia Nacional no resuelve la cuestión de si uno de los hechos que se atribuye a López Abad y Martínez García, dar de baja en el balance activos titulizados, alteró la imagen fiel de la CAM.

Ante la imposibilidad de afirmar la existencia de una alteración relevante de la imagen fiel de la entidad, prosigue el Supremo, derivada del hecho de que cualquiera de las dos opciones hubiera llevado a un resultado similar, “no puede apreciarse con la necesaria certeza la idoneidad para causar un perjuicio”, de ahí que los absuelva.

El Supremo se pronuncia también sobre las cuotas participativas emitidas por la caja en 2008, sobre lo cual la Audiencia Nacional consideró que no estaba acreditado que los inversores que suscribieron este producto entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011 lo hicieran fiándose en la “supuesta e irreal situación económica de la entidad”.