Fuset carga la responsabilidad de la muerte del operario a la empresa

El concejal niega que el Ayuntamiento de Valencia cometiera alguna infracción que derivara en el accidente mortal de Viveros

El concejal de Cultura Festiva en el Ayuntamiento de Valencia, Pere Fuset, rechazó ayer cualquier responsabilidad del Ayuntamiento en el accidente laboral que provocó la muerte de un trabajador una semana después de que sufriera una caída mientras montaba una grada para los conciertos de Viveros.

Según relató ayer, durante el pleno municipal del jueves conocieron, por terceros, «un rumor no contrastado» sobre el accidente y, según Fuset, la asociación de promotores verbalmente restó gravedad al asunto y la empresa adjudicataria negó el suceso.

El lunes por la tarde aparece en redes sociales la primera información de un accidente con un herido grave y ante la «alarma social generada», la Policía Local se lo confirma. «Esa es la primera vez que tuvimos información oficial sobre lo ocurrido e inmediatamente convocamos de urgencia a la Asociación de Promotores y se les exigió toda la información y toda la documentación que tuviesen».

Los promotores de los conciertos de Viveros, algunos integrados en la asociación, aseguraron que la estructura cuenta con el correspondiente certificado final de instalaciones eventuales. Explicaron que el diseño y configuración del graderío fue supervisado por profesionales especialistas que ofrecen «las máximas garantías de seguridad para trabajadores y en prevención de riesgos laborales» y las instalaciones pasaron la supervisión de emergencia del Ayuntamiento. Asimismo, apuntaron que el festival cuenta con el pertinente plan de autoprotección y el informe de la unidad de Prevención y Protección Civil de Bomberos.

No obstante, el portavoz del grupo municipal popular, Eusebio Monzó, denunció el «apagón informativo» del Consistorio que, a su juicio, podría responder a la «mala relación entre la concejala de Protección Ciudadana, Anaïs Menguzzato, y Pere Fuset o a que alguien decidió que no se conocieran los hechos hasta casi pasada una semana».

Entre las «incógnitas sin resolver», los populares destacan la duda sobre si la Asociación de Promotores tenía autorización para ocupar la vía, si el montaje de la grada estaba incluido dentro del plan de seguridad o si necesitaba revisión de la Policía Autonómica o las inspecciones de bomberos.