La comunidad educativa plantea llevar al Consell ante la Comisión Europea

Un entramado de asociaciones de padres y madres, al borde del colapso debido al silencio administrativo de un Consell indispuesto a resolver y dar explicaciones claras sobre la anulación del decreto de plurilingüismo, plantean llevar al Gobierno de la Generalitat ante la Comisión de Peticiones de la Unión Europea (UE).

La vicepresidenta, Mónica Oltra, erró el pasado viernes tras el pleno del Consell al vaticinar o al querer dar por supuesto que «las familias están muy tranquilas». Tres días después, los hechos desmienten sus palabras. Padres y madres no solo están intranquilos sino indignados.

Según relató ayer Isabel Bonig, presidenta del PP en la Comunitat, asociaciones como Defensa del Castellano e Idiomas y Educación -con las que mantuvo un encuentro presencial- y plataformas de padres de alumnos tales como Fcapa, Concapa y Covapa, así como sindicatos entre los que destaca USO o CSI-F o representantes de la Diputación de Alicante, están abordando seriamente ejercer el derecho de petición que el Parlamento Europeo les brinda siempre que «se trate de un asunto que pertenezca al ámbito de la Unión Europea y que les afecte directamente». En este caso, repercute no solo a padres y madres sino a millones de alumnos valencianos que, a escasas semanas de iniciarse el próximo curso escolar, se hallan inmersos por la desinformación e indefensión.

«Ante la falta de noticias del Consell, hay un caos en la comunidad educativa: los padres no saben qué libros comprar y entre los alumnos hay una situación de desasosiego porque no saben qué modelo lingüístico se aplicará», aseveró Bonig.

El mismo mensaje pero con distintas palabras trasladó ayer la portavoz de Ciudadanos en Les Corts, Mari Carmen Sánchez. «Oltra afirma que la comunidad educativa puede estar tranquila, pero no explica cuáles son las consecuencias de la elección del centro».

En esta misma línea se pronunció también la portavoz adjunta de Cs en Les Corts, Merche Ventura quien consideró que el conseller de Educación, Vicent Marzà, «tiene que responder a todas las incógnitas, como por ejemplo si se va a repetir el proceso de matriculación».

Sobre este aspecto, ya fue interpelada la vicepresidenta del Consell en el encuentro del viernes ante la prensa, pero lejos de afirmar o negar la cuestión -¿habrá segundo proceso de matriculación para aquellas familias que decantaron la elección del centro por unos programas lingüísticos que se actualmente suspendidos por el TSJ por «discriminación?-, desvió las preguntas, limitándose a responder «comenzarán el próximo curso con todas las consecuencias de la elección».

Ante ello, la comunidad educativa exige saber ¿a qué consecuencias se refiere?

Para evitar que septiembre se convierta en un caos sin precedentes, Isabel Bonig solicitó de manera reiterada un último y necesario encuentro con Ximo Puig para «solucionar ese problema que ellos mismos han creado, puesto que el PP no se encuentra en ese enfrentamiento. Durante 20 año de gobierno popular multiplicamos por más de 200 por ciento los alumnos que estudiaban valenciano», recalcó Bonig tratando de alegar que desde su partido «no tienen nada en contra» de la lengua cooficial.

Una opinión que comparten colectivos educativos como Fcapa. «De lo que estamos en contra es de las imposiciones ideológicas y del recorte de derechos y libertades. La cuestión no es si plurilingüismo sí o no, sino respetar el ordenamiento jurídico».

Si el Consell se aferra a sus metas, conculcando el Estado de Derecho, no les quedará otra que acudir al Parlamento Europeo.