La elección de tutores es el principal escollo entre el Consell y la Católica

La Generalitat recurrirá el auto del TSJCV que suspende cautelarmente las prácticas de la UCV

La elección de los médicos que tutelarán las prácticas a los estudiantes de la privada es el principal obstáculo en las negociaciones entre el Consell y la Universidad Católica. La exigencia fundamental de la Católica es poder elegir a los médicos de los hospitales públicos que deberán tutelar las prácticas de sus alumnos. Así lo han confirmado fuentes de la Universidad Católica a LA RAZÓN.

El pasado miércoles, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) suspendió cautelarmente la decisión de la Conselleria de Sanidad que limitaba las prácticas a los universitarios de la rama sanitaria de la Universidad Católica de Valencia en los centros sanitarios de la red pública.

Ante esto, la Generalitat anunció ayer que recurrirá el auto del TSJCV ya que, pese a respetar la decisión judicial, debe «mantener el respeto absoluto a la normativa vigente», haciendo referencia a la Ley 53/84 de Incompatibilidades del Personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Según la Generalitat, esta norma impide que profesionales de la Sanidad pública puedan ejercer como tutores de estudiantes de centros privados durante su horario laboral. Y añade que, esto «origina una situación anómala y manifiestamente irregular».

Asimismo, el Consell se ratifica en su decisión del pasado mes de mayo de denunciar todos los convenios y conciertos vigentes entre la Administración y las universidades -públicas y privadas- para la realización de prácticas, con el objeto de firmar unos nuevos y adaptarlos al Real Decreto 420/2015.

Esta norma, establece que «un hospital universitario solo podrá estar vinculado por concierto o convenio a una universidad para la impartición de una misma titulación».

Por ello, Educación defiende que el número determinado de plazas para hacer prácticas en cada hospital esté regulado por convenios entre universidades públicas y hospitales públicos. En el caso de que después queden plazas vacantes para prácticas «los estudiantes de las privadas podrán acceder a ellas en virtud de los convenios que hayan establecido sus universidades con las públicas».

Por su parte, La Universidad Católica de Valencia defiende que el incumplimiento o no de la Ley de Incompatibilidades «lo tendrá que decidir un juez». A su vez, se muestran abiertos a un «diálogo sincero con un claro objetivo social» pero no negociarán la posibilidad de que sea el propio hospital público quien elija los tutores de los alumnos.

Es posible que las distintas interpretaciones deontológicas sean la punta del iceberg en el conflicto.

Según confirmó la Universidad Católica, sus estudiantes no pagan por las prácticas en los hospitales públicos, mientras que la Universidad CEU Cardenal Herrera incorpora este concepto en sus tarifas.

Desde la Administración, se muestran a favor de continuar las negociaciones con las universidades privadas, pero exponen como exigencia principal la regulación de la entrada de alumnos a la rama sanitaria de la Universidad privada mediante una nota de corte, similar a la de la universidad pública.

Por su parte, la Universidad CEU Cardenal Herrera que también presentó un recurso unas semanas después que lo hiciera la UCV, se halla a la espera de obtener una respuesta similar del Tribunal Superior de Justicia. También confían en continuar con las conversaciones con la Conselleria a fin de encontrar un marco definitivo que permita el desarrollo de las prácticas de los estudiantes de Medicina y de Enfermería de forma «transparente, ordenada y equitativa».