La petición de Blasco de sobreseer su causa divide a los imputados

VALENCIA- El escrito de alegaciones presentado por la representación legal del exconseller de Cooperación, Rafael Blasco, ha supuesto un revulsivo a una causa compleja que se alarga ya más de dos años en el tiempo.

En el aludido texto, el letrado Javier Boix desgrana todas las actuaciones realizadas y que, a su criterio, no han llevado a una conclusión clara que pudiera implicar claramente al ex conseller. Por ello pide el sobreseimiento parcial de la causa en lo que a su cliente se refiere.

Del mismo modo, y ante la posibilidad de que la jueza Pía Calderón pudiera aceptar las pretensiones del imputado, el resto de ellos podrían secundar la pretensión del ex conseller y pedir nuevos sobreseimientos parciales.

Además, las partes podrían manifestarse también sobre el hecho mismo de la petición de sobreseimiento por parte de Rafael Blasco. Procedimentalmente, Blasco ya coincidió con la línea de la defensa del conocido como núcleo duro de la trama, cuando coincidieron en pedir a la jueza que no separara la causa en dos piezas diferentes, sino que las mantuviera unidas.

Pía Calderón decidió separar las dos piezas a efectos prácticos para que la instrucción no se demore mucho más en el tiempo.

La primera de ellas hace referencia al desvío de subvenciones enviadas a Nicaragua, mientras que la segunda investiga el desvío previsto de los fondos para construir un hospital en Haití.

Dicha obra nunca se hizo y el dinero de su construcción no se desembolsó.

Por su parte, los otros dos cargos públicos imputados, Alejandro Catalá y Josep María Felip no secundarán la petición y mantendrán la petición de que las piezas continúen separadas.

De hecho, Catalá no está imputado en la segunda pieza, y Felip, que sí está en las dos, intentará ser exonerado en la primera de ellas. De hecho, la jueza, cuando hizo la separación, ya dejó a Felip fuera de la trama de Nicaragua, aunque a las 24 horas rectificó y lo volvió a imputar aludiendo a un error.

Además, sobre el horizonte de varios de los imputados se vislumbra la preocupación por los nuevos aportes documentales de Esquerra Unida, que habría llevado al fiscal contratos de las empresas implicadas con otros departamentos de la Generalitat en los años 2001 a 2007.

La jueza tiene, otra vez, mucha tela que cortar.