La presión ciudadana consigue aplazar dos desahucios

Miembros de Stop Desahucios y de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) consiguieron aplazar ayer el desahucio de dos familias. En Castellón, la afectada es una mujer discapacitada con una hija de 13 años a su cargo. Lleva ocho meses sin pagar el alquiler de 300 euros, ya que durante este tiempo solo tiene 285 euros de ingresos al mes por su minusvalía.

Afortunadamente, el Ayuntamiento de Castellón le ha concedido una vivienda social, pero todavía no tiene luz y agua. Tras unos momentos de tensión, la mujer y el representante legal del propietario del inmueble acordaron una aplazamiento del desahucio hasta que finalice este mes.

En Valencia, la afectada es una mujer de 31 años, que sufrió malos tratos, y tiene dos hijas de tres y seis años, según aseguró la PAH. En este caso, el moroso es el propietario de la vivienda, al cual el banco no tiene localizado y que alquiló, sin contrato, la vivienda a esta mujer. Novagalicia Banco anunció la paralización del desahucio tras tener constancia de que el inmueble estaba ocupado. «Nuestra política pasa por buscar otras soluciones», aseguraron a Efe desde el banco.

Por otra parte, la plataforma de afectados por los impagos de las subvenciones a la vivienda concedidas por la Generalitat, pidieron ayer a la Sindicatura de Comptes que elabore una auditoría sobre el cheque vivienda, las ayudas al alquiler y rehabilitación, para «saber dónde están los 250 millones que deben a 50.000 familias».

La portavoz María Navarro explicó que los Presupuestos incluyeron desde 2008 hasta este año 375 millones para el pago de esas ayudas, a pesar de lo cual se les deben 250 millones. « O ese dinero se desvió, o se concedieron subvenciones por encima de lo presupuestado, lo que según la ley general de Subvenciones es ilegal».