La reforma local «menos agresiva» satisface a los alcaldes

Notable alto es la nota que le otorga la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) a la reforma local, presentada en el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, después de elaborar hasta diez borradores. Del primero, sin embargo, poco queda en el actual proyecto. El malestar de los alcaldes, también de los populares, ha obligado al Gobierno central a aceptar casi todas sus alegaciones y a suavizar la reforma.

«Estamos controladamente satisfechos, ya que falla algún matiz. Aun así, es oportuna y necesaria». Con estas palabras, el secretario general de la FVMP, José Antonio Redorat, celebró que el Ministerio de Hacienda haya asumido las reivindicaciones de la presidenta de la Federación, Elena Bastidas.

En la balanza positiva del nuevo plan, la rebaja de los requisitos para intervenir los municipios - sobre todo los más pequeños-, la eliminación de la cláusula que suprimía las retribuciones a algunos alcaldes y el carácter voluntario de la fusión de localidades. En la negativa, según Redorat, la asunción por parte de las Comunidades Autónomas de las competencias de educación, ya que el proyecto establece que el servicio es propio del municipio, que deberá «traspasar medios económicos, materiales y personales» al Ejecutivo autonómico, que asumirá la titularidad de las competencias.

La reforma, a falta del debate parlamentario en el que pueden introducirse más cambios, sustituye el «coste estándar» de un servicio por el «efectivo». Ésta era una de las principales demandas de los municipios, ya que, tal y como indicó Redorat, dicho coste es meramente informativo y no será obligatorio transferir los servicios a la Diputación. Se tendrá en cuenta la situación general de las cuentas del Ayuntamiento y, si tiene superávit, se le permitirá, por ejemplo, seguir prestando un servicio que considere esencial para sus vecinos aunque suponga pérdidas. Además, los interventores estatales han perdido poder y la valoración de oportunidad de una decisión dependerá del primer edil y no del interventor, como preveía el anteproyecto. «El técnico se dedicará a la fiscalización».

En esta línea, se ha pasado de hablar de la supresión directa de pueblos a la intervención, para acabar abriendo la puerta a la fusión voluntaria, algo «alejado» de la realidad de la Comunitat.

Respecto a las retribuciones de los primeros ediles, Redorat consideró que no es un cambio sustancial, puesto que muchos ya no cobran, pero es importante que se reconozca «su dignidad».

En esta línea, instó al Gobierno a reformar el resto de Administraciones, mucho menos eficientes que las entidades locales.