La sentencia de Gürtel esquiva la prisión y apunta a más responsables subvenciones se concedieron fuera del circuito de fiscalización»

Vicente Rambla queda absuelto, Ricardo Costa condenado a cuatro años de prisión, David Serra a tres años y ocho meses, Cristina Ibáñez, tres años y cuatro meses. Todas las penas son menores de dos años

La sentencia de la Audiencia Nacional sobre el delito electoral cometido por el PP valenciano en las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y las nacionales de 2008, confirma la financiación ilegal del partido en aquellos años, y condena a los dirigentes políticos imputados a penas que, individualmente, no superan en ningún caso los dos años de prisión (requisito para ingresar en prisión), salvo en el caso de Vicente Rambla, que resulta absuelto.

El magistrado Vázquez Honrubia considera demostrado que el PPCV se financió durante esos años con aportaciones ilegales pagadas por empresarios adjudicatarios de obra pública, y que estas aportaciones fueron más frecuentes en las campañas electorales citadas, durante las cuales, Orange Market facturaba a empresarios los actos electorales, mediante conceptos falsos.

Así, la sentencia apunta a 2.036.000 euros que habrían sido pagados por empresarios ilegalmente, mientras que la contabilidad del partido solo habría reflejado un gasto de 175.000 euros en las tres contiendas.

Por lo que se refiere a los políticos, el que fuera secretario general del partido, Ricardo Costa, es considerado como el principal responsable de la trama y condenado a tres penas de ocho meses de prisión cada una por tres delitos electorales cometidos en 2017 y 2018; y a dos años de prisión por el delito de falsedad. A Costa se la aplica el atenuante de confesión. De él dice la sentencia que es «el hombre que está detrás inspirando y sosteniendo la acción» y que «tuvo el dominio funcional del hecho delictivo empleando el ardid de la falsa facturación y utilizando dinero negro».

A David Serra se le considera también responsable de la trama, si bien en su condición de subordinado de Costa, y se le condena a tres penas de siete meses cada una por los delitos electorales, y una pena de un año y once meses por la falsedad. «Serra conocía perfecta y exactamente lo que costaba al PPCV la campaña electoral y por ende quienes eran los pagadores», señala el juez, que lo califica de «entusiasta de la ilegal financiación».

A la que fuera gerente del partido, Cristina Ibáñez se le condena a tres penas de seis meses por los delitos electorales y un año y diez meses por la falsedad, porque «participaba activamente en la supervisión no solo de las facturas de Orange Market sino en los presupuestos precedentes».

A la tesorera del partido, Yolanda García, se le considera cómplice de delito electoral en 2008 y se le condena a cuatro meses de prisión,

Por su parte, el exvicepresidente Vicente Rambla resulta absuelto «porque no hay prueba directa, ni indiciaria de calidad y cantidad bastante» pero asegura que su «ignorancia es deliberada».

Respecto a Francisco Camps, señalado por Costa como inductor, señala el juez que «no puede ser sancionado en este procedimiento al comparecer como mero testigo y por el tiempo trascurrido». Similar circunstancia atañe a Víctor Campos, a quien el juez atribuye el diseño de la financiación en «B» del PP e incluso admite que la deuda que éste contrae con Orange Market se la «endorsan» a Vicente Rambla.

Por lo que respecta a los denominados cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa es condenado a penas que suman cinco años y tres meses, sin que exceda ninguna de ellas individualmente los dos años. Pablo Crespo es condenado a cinco años con penas análogas y Álvaro Pérez a seis años y nueve meses.

Cándido Herrero es condenado a cinco años y un mes y José Ramón Blanco Balín a tres años de prisión. Además, los nueve empresarios confesos son condenados a penas de multas, salvo José Enrique Frasquet que resulta absuelto por decaer la única acusación que pesaba, sobre él. ejercida por el PSOE.

Dieciocho condenas y dos absueltos

Ricardo Costa, condenado por tres delitos electorales y uno de falsedad continuada a cuatro años de prisión y multa de quince meses a diez euros al día. David Serra, tres años y ocho meses por los mismos delitos, y multa de trece meses a cien euros día. Cristina Ibáñez, por los mismos delitos, condenada a tres años y cuatro meses y multa de doce meses a cincuenta euros al día. Yolanda García, cuatro meses de prisión y multa de 45 días a 50 euros al día.

Respecto a los empresarios Vicente Cotino, Enrique Ortiz, Rafael Martínez, Tomás Martínez, Antonio Pons, Alejandro Pons, Alberto Batalla, Francisco Beviá y Enrique Gimeno, pagarán multas.