Las conclusiones de Ciegsa evitan cuantificar el supuesto «agujero»

El PSPV, Compromís, Podem y Ciudadanos consideran responsables políticos de la mala gestión económica de Ciegsa a todos los miembros del Consell del PP, en especial los que estuvieron en los consejos de administración de la empresa pública de 2001 a 2103, como Esteban González Pons o María José Catalá.

Sin embargo, los mil millones de agujero que el tripartito «diseñó» no aparecen en el dictamen, ya que hasta el propio interventor de cuyo informe se extrajo esta cifra, negó su realidad.

Por lo tanto, las conclusiones no cuantifican «los perjuicios ocasionados al erario público» y pide que la Generalitat haga «una completa auditoría financiera y de legalidad».

Estos grupos atribuyen una «singular responsabilidad directa» en la situación económica generada en Ciegsa, en las «irregularidades» contractuales y administrativas, y en la «opacidad» del funcionamiento de Ciegsa a Máximo Caturla, responsable de la empresa entre 2004 y 2007 y secretario autonómico a propuesta de González Pons.

También declaran la existencia de la «responsabilidad política in vigilando» en el exconseller Alejandro Font de Mora, conseller de Educación entre 2004 y 2011, cuando Caturla era secretario autonómico.

Por su parte, el portavoz del PP, José Juan Zaplana, señaló que en la empresa pública se hacían «todos los controles necesarios» y destacó que el actual Consell no ha establecido «ningún control más» en esta empresa y criticó que pidan una nueva auditoría cuando en la documentación constan quince de ellas, 30 informes de la Intervención General y 12 informes de la Sindicatura de Comptes”.

Añadió que, aparte, el secretario del consejo de administración de Ciegsa era “un experto en temas mercantiles”; que desde 2005 se aplicaba también un control por parte del Tribunal de Cuentas y del Gobierno central, y que cuando se empezó a trabajar con fondos europeos se aplicó también el control por parte de Europa.

Zaplana indicó que el convenio suscrito entre la Conselleria de Educación y Ciegsa en 2001 para la construcción de colegios, y que el resto de grupos califican de “irregular”, sigue siendo “el mismo” con alguna pequeña variación, y aseveró que ningún compareciente ha cuestionado su legalidad.

Además, señaló que siguen existiendo los barracones escolares, con las misma empresas y con los mismos contratos que critican los otros grupos.

“Esperábamos un poquito más” de las conclusiones de los otros grupos, afirmó el diputado popular, quien opinó que han partido de premisas “falsas”, como los mil millones de euros de “agujero” que denunciaron el conseller Vicent Marzá y el secretario autonómico Miquel Soler, y han hecho un dictamen que a su juicio “da risa”.

Anunció que el PP presentará un voto particular a esas conclusiones, basado en las aportaciones de los comparecientes, y consideró que se deberían pedir responsabilidades políticas a Marzà y Soler porque “se ha demostrado en la comisión que mintieron”.