Las defensas del caso Blasco anuncian recursos de nulidad y también penales

La decisión de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de posponer hasta la sentencia la resolución sobre la legitimidad de la Abogacía de la Generalitat para ejercer la acusación particular en el caso Cooperación, provocó ayer la protesta unánime de todos los abogados defensores, así como el anuncio de posibles recursos de nulidad ante el Supremo si finalmente hay sentencia condenatoria, y la advertencia de que la permanencia de la Abogacía como acusación supondrá el agravamiento del delito, si lo hubiera, por la característica de continuado.

De hecho, buena parte de la jornada de ayer se dedicó a contraponer argumentos sobre la legitimidad o no de dicha Abogacía cuya presencia fue defendida no sólo por la propia letrada de la Generalitat sino también por el Ministerio Fiscal y por la acusación popular.

Las defensas reprochan que uno de los imputados, Alejandro Catalá, fue «asistido» por el abogado jefe de la Generalitat, que luego se trocó en acusación. Por lo que pudo tener conocimiento de detalles en la confianza de la relación abogado-defendido.

La representante de la Abogacía de la Generalitat defendió que «nunca existió una verdadera relación abogado cliente» y aseveró que «no hay ninguna información -de aquella asistencia- que haya utilizado esta letrada en sus interrogatorios o en su escrito de acusaciones» al tiempo que emplazó a las defensas a decir qué detalle concreto se ha utilizado.

Algunos de los imputados comentaron en un receso que no solo estaba la asistencia a Catalá, sino que había habido muchas conversaciones «de café» con la abogada jefa, Cristina Macías.

Por su parte, el Ministerio Fiscal señaló que el que infringió la ley que rige al Cuerpo de abogados de la Generalitat fue el propio Alejandro Catalá «que negó ante ellos y en Instrucción que los informes remitidos a la Sindicatura y el fiscal se manipularon, y luego lo admitió ante el TSJ».

También la acusación popular coincidió en el argumento de que la petición de expulsión era una «estrategia procesal» y que no había reprobado la presencia de dicho Cuerpo durante los dos años que duró la instrucción.

Cabe señalar que la Abogacía de la Generalitat presentó ayer demanda en el procedimiento que se sigue en el Tribunal de Cuentas para que los imputados en las dos piezas reintegren las cantidades «desaparecidas» si son declarados culpables.