Las familias recogen firmas contra la nueva ley de Marzà

El Foro por el Derecho a elegir la Lengua cree que la normativa trata de «acercar el proyecto de Países Catalanes»

«Se ha aprobado sin atender las demandas de los principales valedores de la educación de los alumnos: las familias». El Foro por el Derecho a Elegir la Lengua Vehicular calificó de esta manera la nueva ley del plurilingüismo aprobada en Les Corts el pasado miércoles.

El Foro, integrado por Concapa Comunitat Valenciana (Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos), Covapa (Confederación Valenciana de AMPAs) y la Asociación Idiomas y Educación, consideró que la nueva normativa lingüística del Consell ha sido aprobada «sin consenso y con prisas». Esta ley «no permitirá a las familias elegir la lengua vehicular en educación e impondrá el valenciano». Además, «no reforzará suficientemente el inglés», como consecuencia de la «falta de profesorado capacitado para impartir clases en lengua extranjera».

Por estos motivos, las asociaciones que conforman el Foro han decidido tomar una serie de «acciones de presión». La primera de ellas pasa por fomentar e impulsar una campaña de firmas a través de la plataforma digital «change.org». En la página se rechaza «la imposición del valenciano y que las lenguas se conviertan en una traba lingüística». También se denuncia que la Conselleria «pretende acercar la Comunitat Valenciana al proyecto de Países Catalanes», entre otras decisiones, por «atentar contra la libertad de elección de la lengua vehicular». Ayer a última hora, la campaña de firmas rondaba los 25.000 apoyos.

César Sánchez, opuesto a la ley

El presidente de la Diputación de Alicante, César Sánchez, aseguró ayer que seguirá «dando la batalla» para que los niños de la provincia de Alicante aprendan valenciano, castellano e inglés, y para que no se utilice una lengua con el objetivo de apartar a otra.

La Corporación provincial fue la que llevó el anterior decreto ley al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) para que planteara una «cuestión de inconstitucionalidad» al Tribunal Constitucional sobre el decreto ley del conseller Vicent Marzà. Previamente, logró que este mismo tribunal aceptara la petición de paralización cautelar de la norma.

Esta ley es la tercera en materia lingüística que el Consell trata de sacar adelante en tan solo un año. La normativa se cimienta sobre claros porcentajes: como mínimo, el 25 por ciento de las horas lectivas en educación obligatoria se impartirá en valenciano. La misma cantidad se establece para el castellano. En el caso del inglés (y del resto de lenguas extranjeras), el centro elegirá entre el 15 y el 25 por ciento de las horas de clase.