Las operadoras se cuelan en las azoteas para no pagar a los vecinos

Después de las reclamaciones a los bancos, las quejas más frecuentes ante las asociaciones de consumidores, son las relacionadas con la telefonía móvil. Las compañías rozan los límites de la legalidad en asuntos como la portabilidad y tratan de saltarse la norma también en lo referente a las instalaciones que necesitan para prestar servicio a sus clientes.

En los últimos tiempos, han llegado a un pacto para ahorrarse tiempo y dinero en la instalación de sus estaciones. Ya que tienen aseguradas las frecuencias que les otorgó el Estado, han puesto en marcha una estrategia para compartir toda la infraestructura que requieren en una azotea. De esta manera, aumentan su número de estaciones, pero no los gastos de los alquileres que deben pagar por ellas y que son su principal coste de explotación.

Cada vez es más complicado detectar estas prácticas. La exclusiva en este campo la tiene Solitel, una empresa valenciana liderada por un ingeniero de telecomunicaciones, Francisco Niederleytner, que lleva más de una década cazando a las compañías dispuestas a abusar de las comunidades de vecinos.

Niederleytner explica que la única forma de saber si hay más de una operadora de manera ilegal es midiendo canales y potencias con un analizador. Comparten todo el equipamiento, por lo que con una inspección visual es imposible advertirlo. Hace falta un «software» especial o un analizador de espectros.

En Vodafone y Orange incluso se ha puesto nombre a esta estrategia, se llama «Plan Williams». Solitel ha constatado que se han repartido la provincia de Valencia. El norte es para Vodafone y el sur para Orange. Si Niederleytner lo detecta, instará a la comunidad de propietarios a negociar con la compañía un aumento del alquiler.

En el currículum de esta empresa hay un caso especialmente llamativo. En unos apartamentos de El Perellonet constató que la compañía había subarrendado a otra la estación, a pesar de estar prohibido en el contrato. Los vecinos pasaron a cobrar un 491 por ciento más, unos 30.000 euros. La mayoría de los contratos de alquiler de azoteas regula mediante un aumento de la renta la cesión o el subarriendo. De todas formas, si no lo está, queda recogida en la Ley de Arrendamientos Urbanos que marca que estas cesiones deben ser notificadas. Si se detecta que la operadora ha incumplido el contrato, se le puede obligar a desmantelar la estación, situación a la que de momento, no se ha tenido que enfrentar Solitel. Así que finalmente, los vecinos son los que consiguen más ingresos.

Victoria de los vecinos sin llegar a los tribunales

En febrero de 2006, Solitel negoció para una comunidad de vecinos de Valencia un contrato de alquiler de su azotea con Xfera móviles (Yoigo). El equipamiento constaba en elcontrato consistía en unas infraestructuras entre las que había una estación base «3G» y por la que debía pagar 12.500 euros al año. En la cláusula quinta del contrato se incluyó que cualquier ampliación de la infraestructura supondría un incremento del 30 por ciento.

En septiembre de 2012, Xfera aumentó el equipamiento con una estación de tecnología «GSM». Tras detectarlo, los vecinos reclamaron a la compañía, pero no obtuvieron respuesta.

Un año más tarde, volvieron a ampliar la estación con una tecnología «4G». Fue la gota que colmó el vaso, se decidió acudir a los tribunales. La demanda se interpuso el pasado mes de febrero y exigía un aumento del 90 or ciento de la renta, de 14.448 euros a 27.452.

La compañía telefónica reaccionó cuando recibió la demanda y optó por negociar un acuerdo en lugar de iniciar un pleito. Finalmente, se acordó un aumento de la renta del 40 por ciento.

Estos vecinos de Valencia reciben ahora 20.228,20 euros al año por tener en su azotea una estación de telefonía móvil y además, se les pagó los 1.596 euros de las costas procesales.