Les Corts pedirán otra vez que la Constitución reconozca el Derecho Civil valenciano

La proposición ya se tramitó la legislatura pasada pero la disolución anticipada de la Cámara provocó que no se concluyera. Vox y Ciudadanos han votado en contra

El Parlamento valenciano volverá a tramitar una proposición de ley para que se reforme la disposición adicional segunda de la Constitución y se permita a la Comunitat Valenciana desarrollar su propio Derecho Civil actualizando su contenido para armonizarlo a los valores de la Constitución.

Esta iniciativa ya se tramitó la legislatura pasada en el Parlamento valenciano, pero quedó en suspenso al disolverse la cámara anticipadamente y convocarse las elecciones del 28 de abril.

Esta proposición contó ayer nuevamente con el apoyo de PP, PSPV, Compromís y Podemos, y el voto en contra de Ciudadanos, al que se unió en esta ocasión la negativa también de Vox.

La iniciativa plantea añadir un segundo párrafo a la disposición adicional segunda de la Constitución que establezca que la competencia legislativa civil de las comunidades autónomas, asumida en sus propios estatutos conforme al artículo 149.1.8 de la Constitución, «se extenderá a la recuperación y la actualización de su derecho privado histórico de acuerdo con los valores y los principios constitucionales».

La propuesta reivindica que el Derecho civil valenciano es un derecho «vivo», ya que sus disposiciones son aplicables a casi 300.000 valencianos, y reivindica que este derecho es «el más cercano a la vida cotidiana de las personas».

La iniciativa ha sido impulsada por la Asociación de Juristas Valencianos, presente en el pleno, entidad que tiene entre sus objetivos fundacionales la defensa de la competencia legislativa de la Generalitat en materia de Derecho Civil, y tiene el respaldo de sindicatos, universidades, organizaciones empresariales y asociaciones.

Por otra parte, el pleno de Les Corts rechazó, con los votos del PSPV, Compromís, Unides Podem y Vox, una propuesta del PP que, entre otras cuestiones, pedía exigir la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar la reforma del sistema de financiación autonómica. La propuesta reclamaba también el estudio, búsqueda y articulación inmediata de soluciones legislativas que posibiliten la inaplazable transferencia a la Generalitat de las entregas a cuenta del sistema de financiación y de los fondos correspondientes a la recaudación del IVA que se adeudan.