Los centros tecnológicos defienden los «duros» controles a los que se les somete

Aseguran que un mismo expediente de ayudas públicas «podía llegar a auditarse hasta cinco o seis veces» A pesar de ello, la Policía investiga el uso fraudulento de subvenciones en AIDO

En la imagen, la sede del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO)
En la imagen, la sede del Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO)

Aseguran que un mismo expediente de ayudas públicas «podía llegar a auditarse hasta cinco o seis veces» A pesar de ello, la Policía investiga el uso fraudulento de subvenciones en AIDO

La investigación sobre el supuesto uso fraudulento de ayudas públicas en el Instituto Tecnológico de Óptica, Color e Imagen (AIDO) ha hecho saltar las alarmas en la Red de centros tecnológicos de la Comunitat Valenciana (Redit). Desde esta organización se vieron ayer obligados a salir al paso de las informaciones publicadas sobre las pesquisas, según las cuales este instituto falsificaba los informes sobre los proyectos que supuestamente realizaba y por los que recibía subvenciones.

Desde Redit defendieron ayer los «duros» controles a los que se someten todos los expedientes de investigación de estos centros, llegando en algunos casos a ser auditados hasta por «cinco o seis» organismos diferentes. De hecho, la directora de Redit, Cristina del Campo, subrayó que fue una de las auditorías realizadas la que sacó a la luz las primeras pruebas de que en AIDO no se elaboraban los informes de forma correcta.

Llama la atención que los directivos de AIDO pudieran burlar estas auditorías durante tantos años puesto que, según fuentes de la investigación, algunos de estos proyectos no estaban correctamente justificados. Es más, según Redit los propios técnicos del Ivace visitaban las instalaciones del centro para comprobar el resultado de los proyectos de investigación, unos trabajos que, al parecer, no se efectuaban.

Preguntada por si se está realizando alguna investigación extraordinaria sobre el resto de los institutos a partir de lo sucedido en AIDO, Del Campo recordó que Redit no tiene ninguna función fiscalizadora de los fondos.

Quiso destacar que el caso de AIDO, en el supuesto de que las primeras sospechas fueran ciertas, se trata de un suceso aislado y que para nada ocurre en el resto de institutos.

Valoró «positivamente» las medidas que se puedan adoptar para esclarecer «cualquier tipo de conducta irregular que se haya podido producir en la gestión de fondos públicos» y recordó que en Redit son «los primeros interesados» en que se actúe «con celeridad» por parte de la Justicia para depurar responsabilidades.