Los constructores, contra la ley de la vivienda

Critican la falta de información sobre su aplicación, «está fuera de la realidad»

La Ley de la Función Social de la Vivienda entró en vigor el pasado 1 de marzo y el Gobierno central ha dado el paso previo para recurrirla
La Ley de la Función Social de la Vivienda entró en vigor el pasado 1 de marzo y el Gobierno central ha dado el paso previo para recurrirla

Critican la falta de información sobre su aplicación, «está fuera de la realidad»

Las entidades financieras, aquellos que puedan tener más de diez viviendas en propiedad y sin ocupar y los promotores son los grandes grupos afectados por la Ley de la Función Social de la Vivienda. El vicepresidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón, Ramón Arenós, lamenta que mes y medio después de la aprobación de la ley, la Conselleria de Vivienda y Obras Públicas, no haya mantenido ninguna reunión con ellos para explicarles de primera mano cómo les afecta esta nueva norma.

Afirman que no tienen claro cómo se activan los mecanismos de expropiación ni tampoco el precio que se les pagará en el caso de que se les obligue a destinar estas viviendas a alquiler social. «Ni nos han pedido opinión ni nos han dado explicaciones».

Arenós admite que la ley tiene aspectos positivos, como el hecho de que se considere la vivienda como un bien necesario para todos los ciudadanos, sin embargo afirma que la manera en la que se pretende aplicar este principio es problemática. «Parte de premisas ideológicas que están fuera de la realidad».

La ley establece que la Generalitat puede expropiar el uso de las viviendas vacías a entidades financieras, grandes tenedores de pisos, entre los que se incluyen los promotores que tengan viviendas sin vender. «Las viviendas no se guardan por fastidiar», sino que están a la venta al precio de mercado.

A día de hoy, saben que la ley indica que estas viviendas deben ser inscritas en un registro y si transcurren más de dos años sin que se ocupen se les puede expropiar. El promotor recibirá un alquiler social impuesto por la Generalitat del que tampoco saben la cuantía. «Solo podemos esperar a ver qué pasa».

Denuncian que estos pisos perderán valor, puesto que tras su uso ya no podrán ser vendidos al precio inicial. También son conscientes de que hay muchas viviendas afectadas en la Comunitat, alrededor de 500.000.

Muchas están en manos del llamado «banco malo», de ahí que desde esta asociación consideran que hubiese sido más conveniente que la expropiación afectase solo a las entidades financieras. «La Generalitat podía hacerse cargo de estas viviendas para que fuesen destinadas a vivienda social» e insiste en que hay mejores maneras de hacer las cosas y que hubiese sido suficiente aplicar el sentido común.

Como ya publicó LA RAZÓN, existe una preocupación entre los colectivos afectados por la aplicación de la ley, aunque confían en que el Gobierno central paralice su aplicación por inconstitucional. De momento la Generalitat ya ha sido llamada a participar en una comisión bilateral, paso previo a la interposición del recurso.

Los expertos consultados aseguran que la presentación del mismo prosperará puesto que ya existen cuatro leyes similares, la canaria, la vasca y la andaluza, que el Tribunal Constitucional (TC) ya ha paralizado. Además, recuerdan a los afectados que pueden interponer un contencioso administrativo y solicitar al juez que recurra al TC.