Los sindicatos reclaman instalar la tasa turística para lograr ingresos

Tras debatirlo con los empresarios del sector, la Generalitat decidió finalmente no instaurar la tasa turística para este año ante el rechazo del sector. Cuando parecía que el debate estaba cerrado, el secretario general de CCOO, Francisco Molina, volvió ayer a la carga y reclamó que se cobre este impuesto para así poder lograr más ingresos para las arcas públicas.

Molina, que hizo estas declaraciones durante su intervención en el Fórum Europa, indicó que para cobrar este impuesto hay que presentar una «buena oferta turística», pero recordó que existe en muchas ciudades «y funciona». Además, señaló que si se quiere convertir el modelo turístico y de servicios valenciano en «referente en Europa y el mundo, se ha de establecer en condiciones de trabajo dignas» y lamentó que las empresas «se hayan acostumbrado a la devaluación de los empleos».

Mucho más cauto se mostró el nuevo secretario general de UGT-PV, Ismael Sáez, quien indicó con respecto a la tasa turística que es una cuestión que hay que «estudiar con cuidado» y pactarla con el Gobierno y los empresarios del sector. Señaló que «si el impacto es negativo, probablemente no sea una buena idea».

Por su parte, desde el empresariado se recordó que ahora no es el momento de establecer una tasa turística, y en el caso de que lo fuera, estos ingresos deberían gestionarse «como el modelo catalán», en el cual las ganancias por este impuesto se destinan al propio sector turístico.

Por lo que respecta a la Ley de Participación Institucional, que reparte los fondos públicos entre los dos grandes sindicatos y la patronal, y que fue recurrida por las organizaciones de trabajadores minoritarias, Molina reclamó que UGT y CCOO son los que están presentes en las negociaciones colectivas y los que representan a los empleados de forma mayoritaria, por lo que son los que deben percibir estos fondos. Además, recordó que representan una parte muy pequeña en comparación con los ingresos conseguidos por las cuotas de los afiliados.

Molina exigió también que haya un diálogo social continuado con la Administración y los empresarios, no solamente «grandes acuerdos» e instó a la Generalitat a crear una Ley valenciana de cláusulas sociales de la contratación pública.