Mariano Durán Lalaguna: «La inversión en justicia sería la más social, reactivaría la economía»

- ¿Ha afectado la crisis política al sistema judicial valenciano?

–Las crisis políticas afectan a todo y por tanto, a la justicia también. Esto es así porque los responsables políticos, en función del lado del problema en el que están, focalizan mucho en los temas judiciales en lugar de centrarse en soluciones. No afecta de manera dramática, pero se despista la atención, se crea ruido.

– ¿Qué le parece la propuesta de usar otro término para referirse a los imputados?

–Yo creo que es lo mismo decir imputado, encausado o usar otro término. La percepción social es la misma. Si los procedimientos tardasen menos, sería mejor. La carga de reproche social sufrida si el acusado es absuelto no se puede reparar

– ¿Considera que se ha judicializado la política?

–Eso depende de las organizaciones, asociaciones o partidos políticos. Son ellas las que deciden formar parte de los procesos. Los abogados no tienen ninguna responsabilidad en ello.

–¿Se dejan los abogados y jueces influir por los políticos? ¿Se ha politizado la justicia?

–Abogados y jueces mantienen su ética. Por regla general, es gente que hace su trabajo lo mejor que puede. El Poder Judicial es independiente al cien por cien respecto al Ejecutivo.

–¿Ha habido un aumento del número de procesos judiciales?

–La coyuntura económica por la que ha pasado y pasa la Comunitat ha provocado más litigios porque la crisis genera despidos, expedientes de regulación de empleo, impagos en las empresas, concursos de acreedores y en definitiva más conflictividad social. El aumento de la carga y de litigiosidad no ha sido correspondido con la inversión necesaria.

– Los jueces valencianos tienen más casos por año que la media de estos magistrados a nivel estatal. ¿Que le parece?

–La carga se nota cada día, se nota mucho. Por ejemplo, un despido se está señalando a un año vista y eso es dramático para quien se queda sin trabajo, y tampoco es bueno para la empresa. Falta una reacción política para hacer un esfuerzo en inversión en justicia.

–¿Influye entonces la falta de inversión en la lentitud de la justicia?

–La falta de dinero es esencialmente la causa, pero también se necesita un modelo judicial del siglo XXI. Tenemos un patrón de cuando íbamos en carromato. Son precisos modelos de procedimiento ágiles, oficinas judiciales informatizadas de manera eficiente, una modernización de la oficina judicial. Se requiere un cambio y ese cambio requiere inversión.

–¿Que ventajas supondría esta inversión?

–Además de agilizar los litigios, probablemente sería la inversión más social que podría hacer el Gobierno porque hay bloqueados miles de millones de euros en los juzgados. Vendría muy bien que saliese a la circulación este capital porque con la crisis ha aumentado el dinero paralizado. Si se invirtiese en justicia para acortar los plazos de los procesos, el dinero volvería al flujo y contribuiría notablemente a la reactivación de la economía. Además, los estudios constatan que se generaría más inversión. En regiones donde el sistema judicial tienen eternizados los procesos, la inversión empresarial se va a otros países o se retiene, por miedo a tener un conflicto que tarde mucho en resolverse.