Mariano Durán Lalaguna: «Quien debe investigar hoy es el juez, no la UDEF ni la UCO»

Fue decano del Colegio de Abogados de Valencia y acaba de concluir su mandato al frente del Consejo de Colegios de Abogados de la Comunitat. Internacionalmente, se le ha reconocido como uno de los mejores letrados de España.

-Recientemente, la consellera de Justicia dijo que los problemas no se solucionan solamente aumentando el presupuesto sino que hacía falta cambios legislativos. ¿Cuáles considera usted más urgentes?

Antes de hablar de cambios legislativos tiene que haber un pacto por la justicia, algo que la abogacía viene reclamando hace tiempo. Si no hay un acuerdo en el que participemos todos, sobre el modelo de Administración de Justicia, las reformas, la Oficina Judicial, el enjuiciamiento por los fiscales y otras, serán inútiles las medidas, o no producirán ningún cambio en beneficio del ciudadano.

-¿Qué le parece que la instrucción vaya a recaer en el Ministerio Fiscal? ¿Pierde derechos la ciudadanía?

Mientras no se cambie el Estatuto del Ministerio Fiscal y deje de tener dependencia «jerárquica», me parece mal. Habría además que dejar pasar un tiempo como hicieron en Chile. Los ciudadanos en materia de derechos y garantías llevan un tiempo perdiendo. Eso es malo para un país. Hoy hay que «probar» la presunción de inocencia.

-¿Debería arbitrarse algún mecanismo para resarcir al imputado que resulta absuelto después de un proceso de años o incluso décadas?

Absolutamente. Hoy no existe mecanismo eficaz que compense a un imputado-investigado que, tras seis o siete años de diligencias es absuelto, mientras se ha «retransmitido» su proceso. Y los responsables no son los medios de comunicación, sino quienes «filtran» la información. ¿Cómo es posible que en una diligencias declaradas secretas, se ordene la detención de un investigado y al momento de su detención esté lleno de cámaras? Alguien ha filtrado la información. Y los abogados no podemos ser porque mientras son secretas las diligencias, no tenemos acceso a nada. Hay que pensar entre todos dónde se pone el límite y, en su caso, cómo se resarce el daño que se haya podido causar.

-¿Cree suficiente la especialización de los dos cuerpos policiales para investigar los casos de corrupción?

Los cuerpos policiales no deberían intervenir tanto como lo hacen. Quien debe investigar hoy es el juez, no la UDEF ni la UCO. Sin olvidar que además del juez está el fiscal, una de cuyas obligaciones es velar por la presunción de inocencia del investigado. Y que el juez investigue con garantías para el investigado. Si no, al final se ven procesos que podrían haber terminado en condena de algunos, que por vulneración de derechos y garantías, son anulados. Y eso es malo porque se ha creado una expectativa en la sociedad que luego no se cumple. Si se respetaran los Derechos y Garantías, el Derecho al Honor y a la Intimidad, nos iría mejor que incrementando la UCO o la UDEF.

-¿Considera usted que la personación de un partido político en el juicio a su oponente puede quebrar la separación de poderes?

No es que quiebre la separación de poderes. Con todo y con todas las dificultades tenemos jueces y magistrados independientes.

Lo que ocurre es que se «usa la justicia» para la «batalla política» y eso está muy alejado del concepto que yo tengo de la Justicia.

- Los casos de corrupción han sido tónica general los últimos años, ¿por qué no funcionan los controles administrativos?

El otro día José Bono daba una solución que podría ser buena: que la Agencia Tributaria examine a los responsables políticos cuando llegan a la política y cuando se van. Y desde luego «especializar» aún más la carrera en la Administración, como en Francia, donde hasta el director general es de carrera, es funcionario; y tienen una Escuela de Administración Pública única en Europa.

-Se vuelve a reclamar la creación de nuevos órganos judiciales en la Comunitat. ¿Las competencias en materia de Justicia redundan en mayores ventajas que perjuicios, o puede llegar a ser al revés?

Hace 20 años había dos mil jueces menos en España y sin embargo el número de resoluciones judiciales es el mismo 20 años después. Ocurren situaciones como que el Juzgado X va bien de tiempos y el Y, que está al lado, va mal. Al final no es tanto que haya más jueces, o más órganos judiciales, sino una mejor organización de la Administración de Justicia. Personalmente, a la vista de la experiencia, el sistema no funciona. La Conselleria solicita crear órganos judiciales, pero el Ministerio no los crea, o al revés. En materia de Justicia, no hay un Poder Judicial, sino tres: el CGPJ, el Ministerio y las Autonomías. Y no hay forma de que se pongan de acuerdo.

-Los juzgados de la Comunitat no están conectados con los de Teruel o los de Murcia o Tarragona. ¿Existe cierta impunidad para los delincuentes cuando cambian de región?

Esa deficiencia es, no sólo un problema en el orden penal, sino en todos. Es la consecuencia de lo que le decía antes: descoordinación entre los responsables de Justicia.

-¿Le preocupa que la Justicia no se mencionara en el Pacte del Botànic?

Ya lo puso de manifiesto el Consejo Valenciano de Colegios de Abogados. A pesar del incremento en el presupuesto, en Justicia se invierte en 2017 lo mismo que en la Conselleria de Transparencia. Con ese dato es suficiente

-Ha sido usted ratificado como miembro del Consejo de Presidencia de la Unión Internacional de Abogados. ¿Cómo se ve la Justicia en España desde fuera».

Es una satisfacción que la Abogacía Internacional te mantenga en el Consejo de Presidencia, que es el máximo órgano, antes de la Asamblea General dentro de la Organización. La Justicia desde fuera de España no se ve de manera muy distinta a como la vemos nosotros. La enorme cantidad de normas que se producen en España, de ámbito estatal, autonómico, provincial y local, hace que seamos un país en muy mala posición, según el análisis de la OCDE. Esa disparidad de Leyes, Decretos y Reglamentos lo que produce es inseguridad jurídica. Y eso es muy malo para la imagen «País».

-¿Cómo se llega a ser Best Lawyer in Spain?

Son los abogados de esa área o especialidad quienes votan a quien consideran que merece ser incluido. En ese sentido es una satisfacción para mi despacho y para mí.

-Con tantos reconocimientos y tantos años dedicado a las funciones orgánicas, ¿descarta usted dar el salto a la política?

El salto que quiero dar es construir más familia y más despacho.