Paralizados cuatro juzgados de primera instancia hasta nuevo aviso

No recibirán más asuntos hasta recuperar la normalidad tras el incendio

Los Juzgados de Primera Instancia 1, 2, 3 y 4, los más afectados por el incendio ocurrido en la Ciudad de la Justicia de Valencia el pasado domingo, dejarán de recibir asuntos nuevos hasta que vuelvan a estar plenamente operativos, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV).

La exención de reparto ha sido acordada por la Junta de Jueces de Primera Instancia y afecta a las demandas de juicios declarativos, de jurisdicción voluntaria y de ejecución de títulos no judiciales que se presenten en lo sucesivo, hasta que los cuatro juzgados, que serán reubicados en la segunda planta del edificio, recuperen la normalidad.

Los asuntos de nueva entrada que por reparto les corresponde serán asumidos por el resto de Juzgados de Primera Instancia de la capital.

En el curso de la Junta de Jueces, celebrada el pasado lunes, los magistrados de Primera Instancia dejaron constancia de su preocupación por las deficiencias en el mantenimiento del edificio, y sobre todo por los fallos en el sistema de detección de incendios, que afectan a la seguridad de todos los trabajadores.

Destacaron, no obstante, que en estos momentos lo prioritario es trabajar y colaborar para afrontar la situación, en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y especialmente con la Conselleria de Justicia, a la que corresponde la gestión de los medios personales y materiales necesarios para restablecer la normalidad y que se haga en el menor tiempo posible.

Sin temor al requisito

La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, confirmó que el anteproyecto de Ley de Función Pública que verá el Consell a final de mes recogerá el requisito de conocimiento del valenciano con carácter general, si bien «no ha de asustar a nadie, porque se pondrán en marcha los cursos necesarios»

En los Desayunos de la Agencia EFE en el Colegio de Abogados de Valencia, Bravo informó de que este anteproyecto está pendiente de un informe de la Conselleria de Hacienda y, tras este trámite, se negociará con los sindicatos.

Precisó que se determinarán una serie de niveles y se desarrollará un reglamento en el plazo de un año. «No ha de asustar a nadie porque se pondrán en marcha los cursos necesarios». A su juicio, esta decisión es lógica, «como quien quiere acceder a un puesto en la UE y debe aprender francés. No debe ocasionar traumas».