Pueblos temen ser «intervenidos» por la deuda del Consell, que ahoga sus cuentas

El anteproyecto de ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local en el que trabaja el Gobierno central ha creado desconcierto en la mayoría de Ayuntamientos, ya que la reforma deja la puerta abierta a que los Consistorios que no tengan sus cuentas saneadas puedan ser intervenidos por el Estado y, además, pierdan sus competencias en favor de las Diputaciones, que estarán obligadas a prestar los servicios de los municipios menores de 5.000 habitantes o de aquellos que tengan problemas financieros. Estas tensiones de tesorería se ven agravadas debido a la deuda que mantiene el Ejecutivo valenciano con los municipios y que asciende a 300 millones de euros.

Sin embargo, todavía hay que esperar a que finalice el debate sobre la reforma local para conocer qué ocurrirá con estos municipios, puesto que el Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas todavía mantiene conversaciones con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Precisamente, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, lidera la Comisión de Diputaciones, Cabildos y Consejos insulares de dicha organización y, como tal, solicitará una reunión con el ministro, Cristóbal Montoro. Su objetivo es trasladarle las peticiones de estas Instituciones provinciales, a las que la nueva ley concede un gran poder.

Según el documento de propuestas de modificación al Anteproyecto de Ley de dicha Comisión, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, «la delimitación de las competencias de las Diputaciones es un factor decisivo en su presente y futuro y en el presente Anteproyecto».

En este sentido, demandan una mayor claridad al establecer qué servicios son propios e impropios de cada Administración y cómo van a financiarse, teniendo en cuenta que tendrán que encargarse de muchas competencias que hasta ahora desarrollaban los Gobiernos locales.

Además, el texto sugiere «la necesidad» de que se realice algún estudio económico que permita conocer el impacto sobre los recursos financieros de las Diputaciones de la reforma local.

«Se debería prever la dotación de los recursos necesarios para asegurar la suficiencia financiera de las entidades provinciales».