Puig exige que se devuelva el dinero por los «excesos» en las firmas públicas

El Consell denuncia irregularidades como el fraccionamiento de contratos o salarios no autorizados

La vicepresidenta del Consell ayer antes de la rueda de prensa para informar de los temas tratados en el pleno
La vicepresidenta del Consell ayer antes de la rueda de prensa para informar de los temas tratados en el pleno

Las 35 empresas públicas que la Generalitat ha revisado mediante auditorías incumplieron la legalidad «en algún modo» a lo largo del año 2014. Así lo asegura un informe aprobado ayer por el pleno del Consell, y que fue dado a conocer por la portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra. La también vicepresidenta explicó que se han detectado irregularidades como fraccionamientos de contratos, anomalías en las contrataciones o en el pago de las retribuciones del personal o abusos en los procedimientos negociados sin publicidad.

Por ello, el Consell exige que los trabajadores que percibieron salarios no autorizados por la Dirección General de Presupuestos, devuelvan el dinero de forma voluntaria. O en caso contrario, que los hagan «los responsables políticos», es decir, los miembros del anterior Consell. Aunque no está fijada la cantidad exacta que supondría el conjunto de estas irregularidades, los salarios no regularizados ascenderían a 93.000 euros durante el año estudiado.

Al ser preguntada por si no se iba a tomar ningún otro tipo de medida ante acciones que podrían resultar delictivas, Oltra explicó que si la Abogacía de la Generalitat lo considerará, estos casos se llevarán a la Fiscalía, pero insistió en que «lo más importante es que se devuelva ese dinero».

Los dirigentes políticos del anterior Gobierno deberán hacerse cargo también de la sanción de 19 millones de euros impuesta por la UE a la Comunitat Valenciana por la manipulación de los datos del déficit entre los años 2008 y 2011. Al menos esto es lo que pretende el actual Consell, que aprobó ayer recurrir al Tribunal Supremo el pago de esta multa por parte de la Generalitat valenciana.

El equipo de Ximo Puig considera que el único responsable es el Gobierno central, puesto que debería haber revisado las cifras enviadas por una de sus autonomías. En caso de que finalmente sea la Comunitat la que tenga que afrontar dicho pago, Oltra indicó que exigirán a los responsables políticos de aquel momento que lo abonen de su bolsillo.

Por otra parte, el pleno del Consell analizó también el informe sobre un nuevo modelo económico en la Comunitat Valenciana presentado por la Conselleria de Hacienda, basado en el incremento de la productividad y la diferenciación del producto.

Este cambio de sistema productivo, según fuentes de la Conselleria, va a permitir a las empresas valencianas ser más competitivas, posicionarse con fuerza en los mercados y, con ello, van a generar más rentas y van a contribuir a una fiscalidad que pueda sostener el sistema del bienestar.