Puig quiere llevar a los tribunales a los malos gestores de las empresas públicas

La Generalitat pedirá a Fomento la transferencia de las Cercanías y admite el incumplimiento del plan firmado en época de Zapatero.

Recuperar el «dinero robado» no es suficiente, hay que conseguir devolver a las arcas públicas también el que se gestionó mal. Para conseguirlo, la Abogacía de la Generalitat estudia la posibilidad de emprender acciones contra los consejos de administración de las diferentes empresas públicas en las que se haya malgastado el dinero de los valencianos.

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, explicó ayer en la sesión de control en Les Corts de ayer que la Ley de Sociedades de Capital abre la posibilidad de que el Consell pida responsabilidades a los gestores de entidades como Cacsa, Ciegsa o Vaersa.

El anuncio fue la respuesta a la pregunta del síndic de Podemos, Antonio Montiel, quien denunciaba el «descontrol» en personal en estas empresas.

Además, Puig prometió publicar el próximo mes de junio la relación de todos los puestos de trabajo y conseguir un sector público «bueno y potente» que funcione de manera eficiente.

El otro gran anuncio del día fue la intención de la Generalitat de solicitar al Ministerio de Fomento la transferencia de la red de Cercanías de Renfe para mejora su funcionamiento.

Se trata de una competencia recogida en el Estatuto de Autonomía y que ya ostenta Cataluña. Su traspaso debe ir acompañado de la correspondiente cantidad económica, de lo contrario, lo único que conseguiría el Consell es aumentar el déficit de explotación que ya tienen en su red de metro y tranvía.

En la exigencia y la reivindicación de una mejora de la red de transporte público, tal y como le solicitaron el síndic de Compromís, Fran Ferri, y el de Ciudadanos, Alexis Marí, Puig deslizó una crítica al último Gobierno de Rodríguez Zapatero.

Admitió que del Plan de Cercanías suscrito en 2010 por el entonces ministro de Fomento, José Blanco, no se ha hecho absolutamente nada. En este documento se preveía destinar 3.400 millones que el Ejecutivo popular tampoco se preocupó de invertir.

Por su parte, la portavoz del PP, Isabel Bonig, exigió al presidente que se pronunciase sobre si estaba de acuerdo con sus socios de Gobierno que defienden el derecho a decidir.

Puig no le respondió directamente. Dijo que para reformar el Estatuto también hay que someterlo a referéndum y que «no pasa absolutamente nada». Defendió «la unidad de España dentro de la pluralidad» y no dentro del «maniqueísmo».

Marzà invita a Bonig a una paella para hablar

Para el conseller de Educación, Vicente Marzà, la «valencianía» no se debate en Les Corts, sino alrededor de una paella, a la que invitó a la síndica Isabel Bonig. Sin embargo, al grupo popular no le gustó la broma y pidió que se hable en el Parlamento sobre las declaraciones realizadas por Marzà a favor de la independencia.