Ribera Salud lleva a la Generalitat a los Tribunales

La empresa que gestiona el hospital de Alzira recurrirá la decisión de no prorrogar la concesión. Puig le recuerda por carta que al contrato le queda un año de vigencia

La publicación de las dos cartas que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha enviado a la empresa que se encarga de la gestión del hospital de Alzira tuvo un efecto inmediato y apenas un par de horas después de conocerse el ultimátum presidencial Ribera Salud revelaba su intención de batallar hasta al final por todos los medios legales a su alcance.

El grupo que dirige Alberto de Rosa anunció ayer que recurrirá en los Tribunales la «decisión política» de la Conselleria de Sanidad de no prorrogar la concesión del Hospital de La Ribera. Considera que se trata de un plan «puramente ideológico» y «no defiende el interés público de los ciudadanos».

La empresa asegura que la resolución del expediente abierto el pasado mes de enero por la Conselleria para determinar la decisión sobre la prórroga de la concesión no ha tenido en cuenta los testimonios e informes periciales expertos nacionales e internacionales sobre este modelo de gestión que fueron remitidos por la empresa.

«Esto demuestra que la resolución responde a un intento de dar apariencia jurídica a una decisión previamente tomada», afirman desde Ribera Salud. Añaden que también defenderán los derechos de sus profesionales, porque creen que van a perder un modelo de desarrollo profesional único en España.

En este sentido, el sindicato manifestó que exigirá a la Conselleria el mantenimiento de toda la cartera de servicios, así como el mantenimiento de la plantilla actual, «garantizando sus condiciones de trabajo y laborales de las que en la actualidad disfrutan como consecuencia del convenio colectivo que es de aplicación».

El Gobierno valenciano comunicó hace 18 meses a la empresa que la concesión, que termina el 1 de abril de 2018, no sería prorrogada, y el próximo sábado se iniciará el proceso de reversión, para el que Sanidad ha elaborado unas normas que no han gustado nada a Ribera Salud. Y es que el Departamento que dirige Carmen Montón obligará a la empresa a que cada decisión que tome en su último año como concesionaria del Hospital de Alzira deberá ser contar con la autorización de la Conselleria y que los cambios que se produzcan deberán contar con el informe favorable de la Dirección General de Recursos Humanos y Económicos de Sanidad.

En este documento que se remitió al grupo el lunes se señala que a fecha 31 de marzo de 2018 la entidad concesionaria deberá haber adoptado todos sus sistemas informáticos a los aplicativos corporativos de la Conselleria. También solicita que antes del próximo uno de mayo comunique los datos de crecimiento de los gastos de personal de los ejercicios 2003 a 2014, 2015-2016 y los que se prevé que se vayan a producir en el ejercicio de 2017.

Al respecto, Montón confía en que Ribera Salud sea una «empresa seria», actúe con «lealtad» hacia la Administración, esté a la «altura de las circunstancias» y entienda que el contrato «ha terminado y tiene que colaborar».

Por su parte, Ribera Salud defiende que siempre ha mantenido «una actitud proactiva, de diálogo, colaborativa» con todos los gobiernos con los que han trabajado y que le preocupa «la falta de diálogo mostrada por la Conselleria a lo largo de todo este proceso y la repercusión nacional e internacional de este tipo de decisiones, por la inseguridad jurídica que genera».