Valencia mediará para que agricultores interesados cultiven tierras en desuso

La cesión de ese espacio no supone la pérdida de titularidad del propietario

El pleno del Ayuntamiento de Valencia aprobó ayer por unanimidad la ordenanza del Banco de Tierras Agrícolas, que podría funcionar a principio de febrero y que permitirá que el Consistorio medie para poner en contacto a propietarios de campos en desuso con agricultores De este modo, la Administración local pondrá en contacto a propietarios que tienen tierras que no utilizan y personas que quieren dedicarse a la agricultura pero que no pueden acceder a la titularidad de la tierra o que tienen una explotación de tamaño más reducido y quieren ampliarla o por motivos diversos. Además, el Ayuntamiento pondrá a disposición del Banco de Tierras todas las parcelas de titularidad municipal de carácter agrícola.

La ordenanza, que contó con el apoyo de todos los grupos, pasa ahora al periodo de exposición pública para que la ciudadanía pueda presentar sus alegaciones.

La función del Consistorio será la de mediar, orientar y asesorar sobre cuestiones jurídicas, técnicas y económicas sobre el acuerdo que fijarán las partes interesadas, si lo solicitan. En ningún caso, la cesión de ese espacio puede suponer la pérdida de titularidad del propietario.

El Banco de Tierras Agrícolas es un registro voluntario de propietarios y agricultores con el objetivo de conservar los usos agrícolas y evitar que las tierras se abandonen y tendrá solo carácter informativo, sin que produzca ningún efecto sobre el régimen jurídico de las parcelas incluidas, ni sobre el derecho de propiedad ni otros derechos reales o gravámenes.

Por otra parte, pleno también aprobó, con los votos del equipo de gobierno (Compromís, PSPV y València en Comú) y la abstención de los grupos municipales PP y Ciudadanos, un plan de Vivienda que permita garantizar a la ciudadanía el derecho a la vivienda.

De igual modo, se dio el visto bueno a congelar las tarifas de la Empresa Municipal de Transportes (EMT) para el año 2018. La iniciativa contó con el respaldo de los grupos del gobierno local (Compromís, PSPV y València en Comú) y la abstención del PP y Ciudadanos (Cs).