Valencia propone una tasa para los pisos de Airbnb y amenaza con cierres

El Ayuntamiento pone límites a la oferta «entre iguales» tras detectar 2.429 viviendas turísticas sin registrar

Valencia cuenta con 4.714 apartamentos turísticos. De ellos, más de la mitad (2.429) no están reglados. Una cifra que coloca a la capital del Turia entre las ciudades con mayor oferta inmobiliaria de lo que se conoce como economía colaborativa (6,6 por cada 1.000 habitantes frente a los 3,6 de Madrid, pero aún lejos de los 9,8 de Barcelona). A fin de acabar con los problemas de convivencia y controlar las situaciones de alegalidad de estos pisos, el Ayuntamiento de Valencia se reunirá el próximo mes de septiembre con los responsables de Airbnb en España y con los de otras plataformas del modelo «p2p» (entre iguales).

Según explicó ayer la concejala de Turismo, Sandra Gómez, el Gobierno local quiere imponer una tasa (que revertirá en las arcas municipales) y propondrá a Airbnb limitar el número de días que un particular puede ofrecer su vivienda o alojamiento en su portal, así como establecer un tope para el numero de estas que puede ofertar un mismo propietario. «Que nadie se piense que ha encontrado la gallina de los huevos de oro al poder comprar un inmueble y sacar una rentabilidad por encima del alquiler de larga estancia», advirtió la edila.

De igual modo, exigirá que solo puedan publicarse en su plataforma aquellos apartamentos y alojamientos que estén legalizados y controlados por las Administraciones públicas.

Al respecto, Gómez explicó que si un propietario se da de alta en Hacienda y paga sus obligaciones fiscales y de Seguridad Social, para tener rentabilidad en el sector debe alquilar su vivienda más de 180 días anuales, por lo que es mucho más rentable dedicar la vivienda al alquiler residencial o de larga estancia.

«A corto o medio plazo podemos llegar a una situación de saturación y puede producirse una burbuja de este tipo de oferta (....) Vamos a ser muy estrictos para regular este sector. Valencia es ciudad ‘non grata’ para los apartamentos ilegales y la economía sumergida», sentenció.

Pese a esta contundencia, Gómez admite que existe la posibilidad de que estas plataformas no acepten las propuestas del Ayuntamiento, por lo que se guarda un par de ases en la manga. «Como Administración tengo potestad sancionadora. Si estas viviendas no cumplen los estándares que exijo, generan problemas, saturan mi ciudad y están fuera de mi control, podemos sancionarlas o incluso clausurarlas».

Tras conocer esta batería de medidas, la secretaria de la Federación de Vecinos de Valencia, Ana Cantero, comentó que espera que no lleguen «demasiado tarde» y se pueda acordar «una normativa que evite la degeneración que se está viendo en otras ciudades españolas como Barcelona».

Añadió que la Federación es consciente de que Valencia ha apostado por el turismo y no tiene por qué ser algo negativo, «siempre y cuando se fomente de forma sostenible y no a costa del descanso y bienestar del vecino que reside en la ciudad». Por este motivo, consideró importante que el Ayuntamiento haya lanzado el mensaje de que ya hay una saturación de apartamentos turísticos y que no caben más.