Valencia rechaza el copago en centros de discapacitados

VALENCIA- Los asistentes al pleno que ayer celebró el Ayuntamiento de Valencia fueron testigos privilegiados de uno de los escasos acuerdos entre Gobierno y oposición. La oposición al copago en los centros de atención a discapacitados fue unánime, votando los cuatro grupos -PP, PSOE, EU y Compromís- una moción para no aplicarlo en aquellas entidades dependientes del Consistorio. Además, se pidió a la Generalitat valenciana que revise el decreto en el que se recoge esta obligación.

Así, la moción, presentada por los socialistas y modificada por el equipo de Gobierno del Partido Popular, contempla seguir prestando los mismos servicios en centros ocupacionales municipales «sin aportación económica alguna de los usuarios». Es más, si finalmente el Gobierno valenciano mantiene su plan, la alcaldesa Rita Barberá se comprometió a asumir el pago a cuenta de los presupuestos municipales y no el de los ciudadanos.

No obstante, el vicepresidente del Gobierno valenciano, José Císcar, negó ayer una rebelión en los Ayuntamientos populares. «No se están oponiendo a la participación o al copago, sino que pueden tener sus dudas» en el sistema de aplicación, que se está intentando consensuar. Los alcaldes del PP «no rechazan que quien más tiene, más pague».

Sin embargo, para el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, no sólo la mayoría social está exigiendo una rectificación del presidente Alberto Fabra en este asunto, sino que son hasta sus propios concejales los que se han posicionado en contra de las medidas impuestas por el PP. A su juicio, el nuevo copago sanitario «deja a los dependientes y discapacitados en una situación de absoluta pobreza e indefensión».

Límite de participación

Por su parte, la Conselleria de Bienestar Social cuantificaba en 4.000 las personas con discapacidad -de un total de 8.800 usuarios de plazas públicas- que quedan exentas de realizar aportaciones económicas a los servicios de dependencia. Además, aseguraron que se está trabajando en agilizar los procesos de revisión de casos excepcionales, así como estudiando las posibles modificaciones normativas necesarias para hacerlas efectivas.

Mientras esto sucedía, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicaba la resolución que determina el límite de participación del usuario en el coste de referencia de los servicios del Sistema Valenciano para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, que finalmente oscilará entre los 550 euros mensuales para el servicio de centro de día-centro ocupacional para personas con discapacidad y los 2.100 al mes si es un servicio de atención residencial para personas con discapacidad.