A la caza de los responsables políticos de la deuda

El edil de Economía propone «una persecución» de quienes contrajeron la deuda y señala a Gallardón y Botella.

Cuando el pasado jueves el delegado de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Madrid anunció la puesta en marcha de una auditoría de la deuda optó por mostrarse muy cauto sobre el final que este proceso pudiera deparar: los resultados, aseguró, serán sometidos a mecanismos de participación ciudadana para determinar qué conceptos son «legítimos o ilegítimos». Sin embargo, este mismo concejal, Carlos Sánchez Mato, no oculta que él ya tiene una idea de cuál será el resultado de la auditoría antes incluso de iniciarla: «Parece claro que más del 80% de la deuda del Ayuntamiento de la capital del Estado tiene suficientes elementos para ser declarada ilegítima», subraya Sánchez Mato en un artículo que firma en el último número de la revista «Papeles de Relaciones Ecosociales y Cambio Global».

Este primer cálculo a bote pronto significa que en opinión del delegado de Economía, algo más de 4.700 millones de los más de 5.900 de deuda que soporta el consistorio podrían ser considerados ilegítimos.

Diagnosticado el problema, el edil también señala en el artículo qué soluciones deberán barajarse en el futuro: «Una instrucción fiscal que permita el establecimiento de responsabilidades y la persecución a los responsables. Alberto Ruiz-Gallardón y Ana Botella son los señalados por el gurú económico de Carmena. A los responsables de la Administración local y de generar esta deuda, Sánchez Mato propone exigir «responsabilidades administrativas, civiles y penales». La otra posible consecuencia de la auditoría también parece clara: no pagar las cantidades consideradas ilegítimas, ya que la intención es la de «proveer de argumentos y herramientas al Gobierno municipal para la suspensión o anulación de la deuda identificada como ilegal y/o ilegítima, en una eventual negociación con los acreedores».

Para justificar su tesis aporta datos. En primer lugar, aquellos que conciernen a las desviaciones en el gasto que han provocado proyectos como la M-30, la reforma del Palacio de Cibeles o la construcción de sedes olímpicas como la Caja Mágica o el Centro acuático. «Cuando Gallardón presentó la M-30 en 2004, ésta fue valorada en 1.700 millones de euros. Incluyendo los intereses que se pagarán durante toda la vida del préstamo, las estimaciones suponen que los madrileños terminaremos pagando 10.406 millones de euros por una infraestructura que nos dijeron que costaría seis veces menos», asegura en el texto, en el que califica la deuda de «odiosa e impagable». Sin embargo, la desviación en el gasto de la M-30 no es, según los cálculos del concejal, la mayor a pesar de ser del 270,59%: las obras de Cibeles terminaron costando un 1.225% más de los 40 millones presupuestados y el Centro acuático un 421,62% más que los 37 millones que, en principio, serían desembolsados en su construcción.

Otra de las causas que ayudan a explicar el endeudamiento para el responsable de las finanzas de la capital son las externalizaciones de servicios municipales. «Más de un tercio del gasto municipal está comprometido con estas corporaciones en el marco de grandes contratos integrales que suponen elevados beneficios para las mismas». Aquí Sánchez Mato señala a ACS, FCC, Ferrovial, OHL, Dragados y Sacyr como las grandes beneficiadas de un modelo que pone en duda: «El mecanismo utilizado ha consistido en convencer a la ciudadanía de que los servicios prestados por empresas privadas eran más baratos para el erario público».

«Técnicamente sostenible»

Otra de las cifras que destaca Sánchez Mato es que el dinero destinado a la amortización y el pago de intereses «ha pasado de 401 millones de euros en 2009 a 1.498 millones de euros en 2014», lo que significa que «uno de cada tres euros se destina a los acreedores». Aún así, señala que la deuda del consistorio madrileño es «técnicamente sostenible desde el punto de vista económico», lo que es posible gracias a la capacidad recaudatoria del Ayuntamiento.

La posibilidad de que el ayuntamiento madrileño pueda en el futuro no pagar a los acreedores suscitó la reacción del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que destacó que la deuda que está auditada por la intervención de los consistorios es legal y legítima: «Hay que pagar la deuda y hablar menos. Otra cosa son los criterios éticos, sobre si no se debería haber contraído la deuda. Pero la deuda está ahí y se va a pagar. Y, desde luego, el gobernante municipal que pretende impagar tendrá enfrente al Gobierno de España, que aplicará la Ley y el correctivo correspondiente, porque la deuda se paga en plazo y en las cuantías pertinentes». Tanto el principal partido de la oposición en el Ayuntamiento, el Partido Popular, como entre los expertos económicos se ha insistido en los riesgos de no pagar: «Cada vez que anuncia decisiones y califica de ilegítima la deuda municipal lo que hace el bono es subir y si en un futuro el Ayuntamiento tiene que renegociar nuevos contratos de préstamo el tipo de interés será superior», aseguró Iñigo Henríquez de Luna, portavoz adjunto de los populares. La auditoría de la deuda fue aprobada en el Pleno municipal del mes de julio a propuesta de Ciudadanos. Sin embargo, sólo el PSOE apoya la propuesta de Ahora Madrid de que la auditoría se realice al margen de la intervención municipal y que posteriormente sea sometida a votación en una consulta popular.