Arranca el juicio del «caso Guateque» 10 años después

Los 34 imputados declararán desde mañana en la Audiencia Provincial.

«Nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía». La célebre frase de Séneca puede sacarse a relucir, desgraciadamente, en muchas ocasiones y el caso que mañana comenzará a jusgarse en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid ocurrió hace casi una década. La que fuera llamada «operación Guateque», una supuesta trama de corrupción para agilizar la concesión de licencias municipales a locales de ocio durante la alcaldía de Alberto Ruiz-Gallardón, fue destapado la mañana del 14 de noviembre de 2007 cuando agentes de la Guardia Civil irrumpieron en las concejalías de Urbanismo y de Medio Ambiente y en las juntas de distrito de Centro, Chamberí y San Blas. Se practicaron una quincena de detenciones y se requisó numerosa documetación y ordenadores que finalmente se ha traducido en 34 imputados. La vista oral que comienza mañana se prevé que se alargue hasta mayo ya que se han señalado 60 sesiones.

La Fiscalía pide 31 años y seis meses de prisión para los procesados por ocho delitos: prevaricación ambiental, negociación prohibida a funcionarios, tráfico de influencias, infidelidad en la custodia de documentos, falsedad en documento oficial, contra patrimonio histórico y prevaricación urbanística.

El caso fue investigado por el Juzgado de Instrucción número 32, dirigido por Santiago Torres, que fue multado en 2012 con 1.000 euros de multa por el CGPJ por «retraso injustificado en la tramitación de diligencias». Lo que sí es cierto es que la ingente cantidad de información que se extrajo de los discos duros incautados retrasó mucho la apertura del juicio oral.

Además de empresarios, hay 19 funcionarios de rango medio del consistorio destinados en Juntas de Distrito, en la Gerencia de Urbanismo o en la de Medio Ambiente. Según se desprendió de la investigación realizada por los agentes del instituto armado, Victoriano Ceballos, ex jefe del Área Municipal de Impacto y Análisis Ambiental era el presunto cabecilla de la trama, y el funcionario Carmelo García y el empresario Santiago Castillo hacían de intermediarios entre los propietarios de los locales y el Ayuntamiento. Cobraban, supuestamente, «mordidas» de entre 3.000 y 18.000 euros a cambio de permisos. No hay ningún político imputado en la causa.

El detonante fue la denuncia de un empresario del ocio nocturno que aseguró haber sido extorsionado y, a partir de ahí, la Guardia Civil comenzó a investigar con la instrucción de Torres. Se pincharon teléfonos en verano de 2007 y luego se practicaron las detenciones en noviembre.

El Ministerio Público sostiene que «en ocasiones» algunas empresas lograron obtener informes técnicos «abiertamente arbitrarios y contrarios a la legalidad urbanística y ambiental». La labor de los empleados municipales, según el escrito del fiscal, «corruptos» consistía en agilizar los expedientes adelantando su turno sobre otros y asumir un control menos riguroso para obtener un control favorable al proyecto solicitado, de forma que «pudieran lucrarse «desviándose del interés público que debían defender».