Política

Arrollado antes de imputado

A pesar de que dimitió como alcalde hace ya más de seis años, su gestión en Parla no ha dejado de perseguir a Tomás Gómez ni un solo día desde entonces. En el centro de todas las polémicas siempre ha estado la puesta en marcha de un tranvía que quiso dejar como legado a sus vecinos pero que, con tres causas judiciales abiertas, se ha convertido en uno de los argumentos que esgrimió ayer la dirección federal para justificar su salida. Dicen los que le conocen que la idea de construir un tranvía en Parla se le ocurrió a bordo del de Barcelona. Convencido de las ventajas de este medio de transporte, viajó después a Alemania para asesorarse y los responsables del tranvía de Dresde le desaconsejaron la inversión para una ciudad con poco más de 100.000 habitantes. Pese a todo, lo inauguró en 2007, con el presidente Zapatero como testigo, y desde ese mismo instante se convirtió en una máquina de acumular deuda.

Estaba presupuestado en 95,5 millones y las estimaciones apuntan a que a las arcas de Parla podría terminar costándole 256 millones, entre los 134 por las obras y otros 122 de intereses que, según el calendario de pagos, el consistorio tendrá que seguir abonando hasta 2037. Las presuntas irregularidades cometidas tanto por su equipo de Gobierno como por el liderado por su delfín y sucesor en la alcaldía, José María Fraile –fuera de la política desde que fue detenido e imputado en la «operación Púnica»– están siendo investigadas en dos juzgados de Madrid: por la vía penal en el número 5 de Parla y, por la administrativa, en el Juzgado de lo Contencioso número 31 de la capital. Ambos procesos buscan esclarecer por qué se triplicó el coste de la infraestructura y el destino de los 42 millones de euros que el Ayuntamiento adelantó de sus beneficios urbanísticos en el desarollo de Parla Este pero que la empresa adjudicataria, Tranvía de Parla S. A., nunca llegó a descontar del total adeudado por el municipio. Otra de las sombras en torno al proyecto se encuentra en la aprobación de obras adicionales por valor de 36 millones –que con los intereses suman cerca de 60– que se realizaron sin el visto bueno del Consorcio Regional de Transportes. Como consecuencia de la denuncia presentada por la Fiscalía del Área Getafe-Leganés se ha solicitado la imputación en la causa de todos los concejales que aprobaron estas obras de ampliación del tranvía en sendas juntas de gobierno local celebradas en 2006 y 2009. Se da la circunstancia de que Tomás Gómez es el único edil de estos equipos de gobierno para el que no se ha solicitado la imputación. Se ausentó «por causas justificadas» de la reunión de 2006. Era el 22 de diciembre y recientemente ha reconocido que ese día debía acudir a uno de los colegios de Parla a presenciar un festival de villancicos.

Dentro de la causa abierta en el Juzgado número 5 de Parla, la Fiscalía solicitó a la UDEF un informe en el que analizara los vínculos empresariales entre los integrantes del equipo de Gobierno de Gómez con la empresa adjudicataria. Un informe en el que la UDEF ha solicitado la colaboración de la Intervención General del Estado y de la Seguridad Social. A estas dos causas se unió también el Tribunal de Cuentas, que llegó a advertir indicios de «infracciones penales» en las cuentas del tranvía. De hecho, está previsto que el Tribunal de Cuentas haga público un informe de fiscalización del tranvía a petición de la Comisión Mixta del Congreso y del Senado. La última polémica en torno al tranvía llegó en agosto del pasado año al conocerse que un fondo de inversión radicado en Luxemburgo había adquirido 73 millones de la deuda que el consistorio mantiene con la adjudicataria. Un montante del que el «fondo buitre» Sagasta Corporate Finance sólo se ha comprometido a abonar 60 millones.

No es sin embargo el tranvía el único punto de su gestión como alcalde de Parla que ha dado el salto a los tribunales en estos años. El Juzgado número 5 de Parla también investiga las presuntas gratificaciones irregulares que pagó el Ayuntamiento gobernado por el partido socialista a sus trabajadores durante doce años. Las sospechas a este respecto giran en torno a complementos salariales que fueron introducidos por el Ayuntamiento en el convenio colectivo de los trabajadores públicos y que, pese a que la Delegación del Gobierno pidió que se anularan, se mantuvieron tanto con Gómez como con Fraile como alcaldes.

Otro de los puntos negros de su etapa como primer edil es el que llevó a Parla a estar entre los municipios más endeudados de España. Un pleno municipal celebrado cuando Gómez ya había abandonado el consistorio dejó al descubierto un agujero «oficial» en las cuentas de 240 millones de euros. Posteriormente, el plan de pago a proveedores puesto en marcha por el Gobierno permitió que afloraran de los cajones del consistorio otros 300 millones de facturas impagadas, situándose entre las tres ciudades de toda España con más deuda. A día de hoy, la de Parla asciende a 2.941 euros por vecino.