La Justicia prohíbe el acto a favor del 1-O que ampara la alcaldesa

El auto estima que «los actos de apoyo al referéndum no pueden estar amparados por el Ayuntamiento» ni utilizar locales municipales.

La vuelta a la actividad del Gobierno municipal de Ahora Madrid, encabezado por Manuela Carmena, no está siendo nada plácida. Hace dos días el Partido Popular anunció la presentación de un recurso contra la celebración del acto «Madrileños por el derecho a decidir», previsto para el domingo 17 de septiembre. Ayer, sin que la corporación municipal tuviera tiempo para asimilar el golpe, se conoció el auto en el que Juez Yusty Bastarreche, magistrado del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Madrid, suspende el acto que se iba a celebrar en un espacio cedido gratuitamente por el Ayuntamiento: la Nave de Terneras de Matadero.

La prohibición del juez se apoya en seis fundamentos de derecho que se desgranan a lo largo del escrito. El primero de ellos hace referencia a la naturaleza del acto a favor del referéndum catalán. El magistrado estima que el evento consiste «en un acto de apoyo» a la llamada Ley de Transitoriedad Jurídica. Además, el magistrado recuerda que dicha ley «ha sido suspendida» por el Tribunal Constitucional.

Contra la Constitución

Una vez establecidas estas bases, el juez avanza en su explicación: subraya que «la cesión del local indicado implica favorecer un acto de apoyo a una consulta convocada por una ley que ha sido suspendida» y que «se dirige contra lo dispuesto en la Constitución Española». Para argumentar este extremo, cita los dos primeros artículos de la norma suprema del ordenamiento jurídico español, en los que se recoge, entre otros aspectos, que «la soberanía nacional reside en el pueblo español» así como que «La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación Española». Para continuar con su exposición, Yusty Bastarreche cita la Ley Orgánica 2/1980, que regula las modalidades de referéndum y el artículo 103 de la Constitución, que recoge que «La Administración Pública sirve los intereses generales» con «sometimiento pleno a la Ley y al Derecho», algo que a su juicio no se está produciendo: «No es posible que un acto dirigido contra la Constitución y el Tribunal Constitucional pueda contar con el apoyo de un municipio», señala.

El quinto motivo por el cual el juez prohíbe el acto «En Madrid por el derecho a decidir» es porque, a su juicio, «realizar actos públicos en favor de un referéndum ilegal que atenta contra «la unidad de España», es algo que no sirve «a los intereses generales», siendo está la función principal de los bienes municipales, según el juez. Por todo esto, y en virtud de la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el magistrado dispone la suspensión del acto en un auto contra el que «no cabe recurso alguno» –sí alegaciones– y que deberá ser acatado.

Un auto contundente

Desde el Grupo Municipal Popular del Consistorio madrileño, que fue el encargado de dar a conocer el auto, creen que esta decisión, que califican de «contundente», debería «sonrojar a la alcaldesa» Manuela Carmena. Así, José Luis Martínez-Almeida, el portavoz de los populares en el Ayuntamiento, pidió a la regidora que deje «de poner una alfombra roja al independentismo ilegal en la Ciudad de Madrid, basta ya de no pensar en la dignidad de esta ciudad y de los madrileños, basta ya de ponerse del lado de los que siempre desafían la Ley, la Constitución y el Estado de Derecho» subrayó.

Acompañado por todos los ediles populares, defendió la actuación de su partido: «Se nos ha criticado que tengamos que acudir a los tribunales de Justicia, pero no nos han dejado otra salida». Y es que, como señaló Martínez-Almeida, «la semana pasada le advertimos a Manuela Carmena de que este acto era ilegal y se dirigía contra la Constitución», el portavoz de la oposición continuó explicando que la «es el tiempo de que Manuela Carmena deje de tomar el pelo a los madrileños con estas decisiones, es el fin del tiempo del buenismo en Madrid». Así, pidió a Carmena que se preocupe «de los problemas de los madrileños y no de crear problemas en la ciudad». Durante su intervención, Martínez-Almeida afirmó que su grupo «seguirá defendiendo la Ley, la Constitución y el Estado de Derecho en la ciudad de Madrid». «Lo haremos por vías políticas», señaló y «por vías jurisdiccionales» si el Ayuntamiento no les dejan «más remedio»

Además, exigió a la alcaldesa que «deje de poner una alfombra roja al independentismo», que «de una vez por todas acate el Estado de Derecho» y que «deje de tomar el pelo a los madrileños» al «ponerse del lado de los se saltan la ley».

No sólo el grupo popular tuvo palabras para alabar el auto de Yusty Bastarreche y criticar la decisión del Ayuntamiento de ceder un local público para la celebración del evento. Begoña Villacís, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid que ya se alineó con el PP en la presentación de este recurso, aseveró que este episodio es «un ejemplo más de que cuando al independentismo le falta oxígeno siempre le sale un flotador: Podemos». «En este Ayuntamiento se ponen todos los medios para que el señor Puigdemont pueda vender su libro y ahora vemos como la concejala del distrito de Arganzuela, Rommy Arce, pone un espacio de todos los madrileños para fomentar el independentismo», sentenció la líder del partido naranja.

La autorización para el acto suspendido fue solicitada en julio por Pedro Casas, el número 41 de las listas municipales de Ahora Madrid. Una circunstancia que Carmena define como de «absolutamente ninguna importancia» pero que ha vuelto a poner el foco sobre las simpatías de Ahora Madrid por el independentismo catalán; algo que ya se puso de relieve cuando el pasado día 22 de mayo, Carmena alquiló una sala del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento, para la celebración de un acto en el que, bajo el lema «Un referéndum para Cataluña: una invitación democrática», Puigdemont y Junqueras defendieron su proyecto separatista en la capital.