Carmena legaliza la patada en la puerta

El Gobierno de Manuela Carmena llevará el martes al Consejo de Administración de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo un conjunto de medidas y una propuesta de reforma de los estatutos que, en palabras de la vicealcaldesa, Marta Higueras, devolverán a este ente público su «carácter social». Entre estos cambios se encuentran el fin de la venta y del alquiler con opción a compra por parte de la EMVS, la construcción a partir de enero de nuevos inmuebles y pequeños retoques en los sistemas de adjudicación y en la regulación de los contratos. También entre las novedades esbozadas por Marta Higueras, tras la reunión de la Junta de Gobierno, destaca la eliminación del veto que impedía acceder al registro de solicitantes a quienes hubieran ocupado una vivienda propiedad del Ayuntamiento o de la propia EMVS. De esta forma, aquellos individuos o familias que hayan ocupado ilegalmente un piso público sí tendrán, a partir de que se apruebe el nuevo reglamento, la opción de acceder a un alquiler público a un precio reducido. Desde Cibeles argumentan que estos okupas deberán acreditar que lleven un mínimo de dos años residiendo en este domicilio. El carácter ilegal de la ocupación y la inexistencia de un contrato u otro documento que pueda avalar la versión de estos vecinos dificultarán el trabajo de chequeo de los técnicos de los servicios sociales.

¿Cómo se comprobará entonces que estos okupas viven desde hace dos años en esa casa? El Consistorio no pudo dar respuesta a esta cuestión ni detalló cómo procederá para examinar este tipo de situaciones. Lo hará «caso por caso» e Higueras sí señaló que el nuevo reglamento descartará reconocer «derecho alguno sobre ninguna nueva ocupación». Ante la eventualidad de que haya personas que no puedan acreditar esa estancia de dos años al menos, la delegada de Equidad quiso subrayar que «ninguna familia vulnerable va a quedarse en la calle». Los individuos o familias que hayan ocupado estas viviendas y sí consigan justificar los dos años de estancia previa tendrán, además, que cumplir otro requisito –en este caso común al resto de arrendatarios– que pasa por no superar un límite máximo de ingresos por unidad familiar de 5,5 veces el IPREM, que es el indicador público de renta que se utiliza para acceder a subisidios y ayudas y que actualmente está situado en los 532 euros mensuales. El nuevo reglamento, por tanto, igualará a las familias que hayan ocupado una vivienda y demuestren su estancia de dos años con aquellas otras que han cumplido en este tiempo con los requisitos vigentes hasta la fecha y que hayan pagado las mensualidades correspondientes.

Al margen de las ocupaciones, también se eliminará el veto de acceso al registro de solicitantes a quienes tuvieran arrendada una vivienda protegida. Además, se reducirá de 5 a 3 años la penalización para solicitar vivienda para aquellos que renuncien a una; el límite de acceso al alquiler joven subirá cinco años, hasta los 35; los contratos tendrán una duración máxima de tres años que se podrán renovar por periodos de 2, siempre que la situación de vulnerabilidad económica se mantenga, y las rentas se establecerán conforme a una nueva normativa que no suponga «un esfuerzo económico superior al 30% de los ingresos de la unidad de convivencia».

Higueras compareció acompañada de la consejera delegada de la EMVS, María Serrano, y ambas pusieron el acento en el incremento del parque público en alquiler y en ningún caso a través de la venta. En el último trimestre de este año, la empresa pública sacará en régimen de alquiler general 612 viviendas, a las que se sumarán otras194 para jóvenes con un precio reducido de 150 euros al mes. Los estatutos de la EMVS serán modificados en la reunión del martes con el objetivo de poder construir nuevas promociones, lo que se traducirá, según los cálculos del Consistorio, en el inicio de obras en 2016 de alrededor de 700 nuevos pisos que estarán disponibles dos años más tarde.

Entre las iniciativas estrella que el equipo de Ahora Madrid llevará al consejo de administración destaca un proyecto intergeneracional en Puente de Vallecas. El otro espacio que se potenciará será Carabanchel 21. Dentro de esta promoción, ya construida, se han reservado 110 viviendas destinadas a tres colectivos vulnerables: familias monoparentales, víctimas de desahucios y refugiados que huyen de la guerra en Siria. Preguntada sobre si el Ayuntamiento ya dispone de un número de viviendas concreto en virtud de los acuerdos alcanzados con las entidades bancarias, Higueras precisó que «no».

6,4 millones para saldar la Caja Mágica

El Ayuntamiento ha alcanzado un acuerdo extrajudicial con FCC para zanjar con esta constructora el conflicto relativo a los sobrecostes de la Caja Mágica. El Consistorio abonará 6,4 millones de euros, a lo que habrá de sumar más de otro millón de IVA.