Carmena mantiene a un centenar de okupas de la Sareb

Paga más de 7.500 euros al mes por el alquiler de pisos del «banco malo» que tendrá que desalojar

El pasado enero el Ayuntamiento de Madrid firmó un convenio con la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Regulación Bancaria (Sareb) para que ésta cediese 300 pisos de su patrimonio que el consistorio pudiese alquilar a precios sociales. De ellos, al menos la mitad estarían okupados por lo que el precio del arrendamiento sería de 75 euros, frente a los 125 que pagaría por los vacíos en virtud de un convenio firmado para los próximos ocho años.

Nueve meses después, el Gobierno de Manuela Carmena aún no ha entregado ni uno solo de los al menos 150 pisos cedidos por la Sareb a familias en situación de necesidad. Sin embargo, sí cubre los gastos de 99 viviendas ocupadas de las que no sólo paga 75 euros de alquiler a cada una, sino también los gastos correspondientes a la gestión de la vivienda, así como su mantenimiento ordinario e Impuesto de Bienes Inmuebles, según se comprometió con el «banco malo» en el convenio de cesión. Por su parte, la Sareb asume los gastos de seguros y comunidad.

Según explicaron desde la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de la capital (EMVS), que gestiona estos pisos, actualmente se está en proceso de regularizar a 29 de las viviendas okupas también cedidas por la Sareb dentro de este convenio, de forma que pasen a abonar un alquiler social regulado por la EMVS. Para poder regularizarles deben reunir entre otros requisitos que lleven al menos un año okupando el piso y que no tengan conflictos con la comunidad de vecinos. «No tenemos constancia de que ninguno de estos 29 okupas que estamos en proceso de regularizar tengan antecedentes de conflictividad», aseguraron fuentes de la EMVS.

Asimismo, estas 29 viviendas okupadas de la Sareb no forman parte de los 88 pisos okupados que recientemente anunció la alcaldesa madrileña que regularía –con criterios tan peregrinos como que sus habitantes tendrán que demostrar que llevan viviendo en ellas ilegamente al menos un año–, puesto que se refería exclusivamente a los okupas de pisos de la EMVS. Precisamente, Carmena se quejó el pasado abril, apenas tres meses después de suscribir el convenio con la Sareb, de que de las cerca de 400 viviendas que habían logrado que cediesen los bancos, una gran cantidad se habían ocupado en muy poco tiempo.

En cuanto a las viviendas vacías que sí podrían cederse a madrileños en riesgo de exclusión social, la EMVS ha tenido que devolver 85 a la Sareb, puesto que no reunían las condiciones necesarias de habitabilidad y las reparaciones superaban el máximo aceptado por el Ayuntamiento de Madrid para hacerse cargo de ellas, que era de 2.500 euros por piso. De hecho, la delegada de Equidad, Empleo y Asuntos Sociales, Marta Higueras, ya advirtió en el momento de la firma del convenio con la entidad bancaria de que el consistorio no esperaría a que la Sareb se hiciese cargo de las reparaciones extraordinarias que superasen dicho presupuesto sino que devolvería los pisos que no estuvieran en condiciones.

Al respecto, desde la EMVS explicaron que después de rechazar estos 85 pisos, esperan recibir otros 85 de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Regulación Bancaria que inspeccionarán antes de entregar. Además, actualmente se encuentran en proceso de recepción otras 87 viviendas en las que la empresa municipal de vivienda tiene que comprobar si reúnen las condiciones para entregarlas a personas que lo necesitan, después de realizar unas reparaciones mínimas.

- 29 viviendas okupadas cedidas por la Sareb al Ayuntamiento están en proceso de regularización en este momento para que sus inquilinos –que entraron en los pisos ilegalmente– pasen a abonar un alquiler social a la EMVS. Estas viviendas no forman parte de las 88 que recientemente la alcaldesa se comprometió a «legalizar».

- 1.205 pisos usurpados. La capital tiene 1.205 viviendas «okupadas», lo que representa el 86% de viviendas con residentes ilegales registradas en toda la región, según los datos recopilados por la Oficina de Seguimiento de Viviendas Ocupadas. Muchas de ellas, tal y como quedó reflejado el pasado febrero en el «mapa de la okupación» elaborado por la FRAVM, están en manos de mafias.