Carmena paraliza una inversión de 6.000 millones y 125.000 empleos

De la negociación al cierre. En apenas una semana, el Ayuntamiento de Madrid ha pasado a abrir un espacio de diálogo para modificar el proyecto de la «Operación Chamartín» y así desbloquear el desarrollo del ámbito ha considerar que el proyecto inicial está «muerto» y la única alternativa es la solución que emane de las mesas técnica y político social que se iniciaron la semana pasada. En una entrevista al «diario.es» el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, afirmó que «la “operación Chamartín”, en los términos en los que está planteada, está muerta».

Los motivos son los mismos que ha dado el consistorio de Manuela Carmena para oponerse al proyecto, ya que no comparten el modelo de desarrollo con un único promotor de un ámbito tan extenso, que haya tanta edificabilidad y tanto espacio dedicado a oficinas. La diferencia es la contundencia con la que Calvo ha dado carpetazo al proyecto sobre el que firmaron un convenio el pasado enero la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, el Ministerio de Fomento y Distrito Castellana Norte –BBVA y San José–, como promotores.

Ahora, según detallaron desde el área de Desarrollo Urbano Sostenible, no se trata tan sólo de modificar el proyecto «para redimensionarlo y hacerlo sostenible con el modelo de crecimiento que plantea Ahora Madrid», como dijo Calvo, sino que se trata de «superar y ampliar el proyecto de Castellana Norte, hacerlo mejor y perfeccionarlo». De este modo, en las mesas técnica –formada por técnicos y directores municipales de Urbanismo– y la política y social abordarán aspectos del norte de la capital a mejorar más allá del ámbito de la «Operación Chamartín», para hacer un proyecto de desarrollo integral de la zona norte de la capital.

Pese a que está previsto que las mesas presenten sus primeras conclusiones a finales de febrero, desde Desarrollo Urbano Sostenible aseguraron que «no nos vamos a precipitar por los intereses de los promotores porque ya habrá más inversores», ya que existe una cláusula que permite al Distrito Castellana Norte disolver el convenio si a 31 de diciembre de 2016 este no se encuentra en marcha. Más moderado, Calvo señaló a «diario.es» que esta cláusula no es mandatoria sino que pueden decidir aplicarla o no. En inicio, según explicaron desde el Área de Desarrollo Sostenible, el proyecto que emane de las mesas técnicas se estudiará en el marco del convenio actual o «se pensará si se hacen nuevos convenios».

La reacción desde la Comunidad y el Ministerio de Fomento no se ha hecho esperar puesto que se trata de una inversión de 6.000 millones de euros que supondrá la creación de más de 120.000 empleos. «Reabrir todas las negociaciones otra vez es poner mucho tiempo en la ejecución de este proyecto, que genera riqueza, que medio ambientalmente tiene todas las autorizaciones, que desde el punto de vista urbanístico está aprobado y que es una inversión que arrastra 120.000 puestos de trabajo. Espero que cuanto antes se pueda hacer, mejor», consideró en Onda Madrid la consejera de Economía, Engracia Hidalgo. Igualmente, desde la Consejería de Medio Ambiente señalaron que es muy grave que el Ayuntamiento de Madrid tome la decisión unilateral de descartar el proyecto que aprobaron las tres administraciones. Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, pidió en LA RAZÓN que no se parase el proyecto.

Adiós al nuevo Nudo Norte

Hay que tener en cuenta que el aumento de edificabilidad en Castellana Norte se aprobó a cambio de que los promotores se hiciesen cargo de la construcción de las infraestructuras que acompañarán al desarrollo del ámbito, tales como estaciones de Metro y Cercanías, la sustitución de las tuberías del Canal de Isabel II o el nudo norte de la M-30. Así, en caso de que se reduzca el número de viviendas que puede construir Distrito Castellana Norte, la promotora podría dejar de asumir el coste de estas infraestructuras, que correrán a cargo de las administraciones públicas competentes. Igualmente, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad y Fomento perderán los aprovechamientos urbanísticos y el dinero por la venta de suelo.