Cascallana hizo funcionarios a 620 trabajadores de forma irregular

Poco más de un mes después de que el Tribunal de Cuentas determinara que Enrique Cascallana había generado una deuda de 612 millones en sus ocho años como alcalde de Alcorcón, la Cámara de Cuentas de Madrid reprueba ahora la gestión del líder socialista.

Poco más de un mes después de que el Tribunal de Cuentas determinara que Enrique Cascallana había generado una deuda de 612 millones en sus ocho años como alcalde de Alcorcón, la Cámara de Cuentas de Madrid reprueba ahora la gestión del líder socialista. En un Informe de Fiscalización hecho público ayer, este organismo hace un examen demoledor de las cuentas de este municipio en 2010. Entre las principales deficiencias se encuentra el proceso de funcionarización puesto en marcha con carácter de urgencia en diciembre de 2010, que supuso la conversión en funcionarios de 445 trabajadores del Ayuntamiento y de 175 de organismos autónomos, y en el que «se advierten importantes defectos, tanto en su fondo como en su forma»: no se publicó Oferta de Empleo Público con anterioridad a la convocatoria; 19 trabajadores tomaron posesión en dos puestos de trabajo y tres trabajadores en tres; 56 de los trabajadores, después de tomar posesión, no ocuparon la plaza a la que habían optado en el proceso de funcionarización, sino la plaza que ocupaban con anterioridad, y otros 28 ocuparon plazas de superior categoría a la que lograron. Además, algunos de los «funcionariados» no tenían, como es obligatorio, la consideración de personal fijo: 4 no estaban en activo desde 2002, 8 se encontraban en excendencia voluntaria, 2 trabajadores temporales no tenía relación laboral con el consistorio desde al menos tres años antes, a otro se le había concedido la incapacidad permanente y otra trabajadora, que se encontraba en excedencia, regresó a su puesto a pocos días de que terminara el proceso selectivo.

Respecto a la confección de los presupuestos de 2010, el informe incide en «la falta de documentación, el incumplimiento de trámites y la formulación de unas previsiones de ingresos no realistas». En aquel año, el endeudamiento por habitante ascendió a 4.370 euros, mientras que el gasto per cápita fue de 1.114 euros, una cifra «muy superior a la de los Ayuntamientos con una población similar». La deuda total del ejercicio fue de 736 millones de euros. El remanente de tesosería para gastos generales presentó un balance negativo de 115 millones de euros que, según el documento, revelan «un grave desequilibrio financiero». Los trabajos de fiscalización destacan la falta de contabilización de determinados gastos así como la existencia de facturas pendientes de reconocer presupuestaria y financieramente por importe de cinco millones de euros frente a proveedores y de otros seis millones frente a Emgiasa.

El informe dedica también un apartado a uno de los símbolos del mandato de Cascallana: el CREAA, un centro multiusos que finalmente no se ha terminado de construir ni a dar ninguna utilidad pese a costar más de 180 millones de euros. Según la Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento y Emgiasa asumieron su construcción sin la financiación necesaria y sin la debida planificación.