Cifuentes se adelanta también a Carmena

Quiere exigir a las empresas de suministros un «contrato social» para que no cobren la luz, el agua y el gas a las familias sin recursos.

Las dos llevaban la misma propuesta en sus respectivos programas electorales y las dos la incluían entre las medidas urgentes a aplicar en los primeros cien días de mandato, pero ha sido Cristina Cifuentes quien ha adelantado por la derecha a la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, decidida a acabar con el mito de que las políticas sociales sólo las hace la izquierda. La presidenta de la Comunidad aprobó ayer en el Consejo de Gobierno un acuerdo a través del cual instarán a las empresas de suministros energéticos a mantener el servicio a todas aquellas personas que tengan dificultades económicas.

El modelo en el que se basan es la tarifa social que estableció el Canal de Isabel II para los usuarios que no pueden hacer frente al pago de la factura de modo que no se les corte el suministro. Al respecto, el consejero de Presidencia, Justicia y Portavocía, Ángel Garrido, detalló que a 31 de agosto de este año 2.781 personas se beneficiaron de este recurso, lo que supone un 69,6 por ciento más que en la misma fecha hace un año.

Precisamente para paliar este «gran problema social», la presidenta explicó que ha concertado una reunión entre los consejeros de Economía, Engracia Hidalgo, y Presidencia con Unión Fenosa e Iberdrola para proponerles la implatación de una tarifa social o reducir en parte o en su totalidad la tarifa para las familias sin dinero. «El objetivo es que las familias no tengan que elegir entre utilizar el gas para cocinar o para calentar su casa en invierno», señaló Cifuentes, que detalló que también se busca que las viviendas con pocos recursos tengan unas condiciones mínimas sanitarias en las viviendas.

La presidenta regional reconoció que «no se puede obligar a una empresa privada a llevar a cabo una determinada política y medida que incluya en su cuenta de resultados». También admitió la dificultad del Ejecutivo madrileño para dar ayudas directas para paliar las situaciones de pobreza energética, puesto que muchas de las personas que sufren este problema son receptoras de la Renta Mínima de Inserción, que, por sus condiciones, impide que se les otorgue otro tipo de subvención para estas necesidades.

Con todo, Cifuentes señaló que ya ha habido acuerdos similares al que propone la Comunidad de Madrid en otras regiones y confió en su capacidad para llegar a acuerdos. «Existe un principio positivo, ya que nos consta la voluntad de las empresas en este sentido», afirmó. De este modo, a partir de la reunión de la próxima semana se desarrollará el contenido del acuerdo firmado ayer para estudiar cómo se podría desarrollar la propuesta del Ejecutivo madrileño, ya sea mediante un convenio, un pacto o un modelo en el que se asuma un contrato social con unas características concretas y una contraprestación para la Administración.

Sin competición

Respecto a la similitud de su medida con las propuestas de Podemos y Ahora Madrid, Cifuentes indicó que se trata del compromiso 139 de su programa electoral y que no conocía las propuestas de otros partidos. Por ello, en la reunión que mantuvo con la regidora madrileña no habló de la cuestión de garantizar los suministros energéticos para colaborar entre ambas administraciones en la negociación con las empresas de luz y gas.

«Esto no es una competición, no tendría ningún sentido. Estamos cumpliendo uno a uno el programa electoral y en este caso lo proponemos ya porque en un mes estamos prácticamente en invierno», explicó. Asimismo, la presidenta regional restó importancia a que otros grupos políticos se anticipen a las iniciativas sociales que apoyan. «Lo importante es buscar lo que nos une, no lo que nos separa, y lo que nos une es favorecer a los que lo están pasando mal», añadió, y anunció que por este motivo apoyarán la Proposición No de Ley que presentará el grupo parlamentario de Podemos en la Asamblea de Madrid para proponer una carta de servicios básicos a los que tienen que tener derecho los madrileños.